El Govern cede de nuevo ante la CUP y no aplicará la ley de Seguridad Ciudadana
▶ Sindicatos de Mossos censuran que la Generalitat los deje a los pies de los caballos
Dejar de multar a «manifestantes pacíficos». Este fue el anuncio que hizo ayer el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, que avanzó que Cataluña dejará así de aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana en el caso de protestas que no se salden con incidentes violentos, es decir, a aquellos que decidan manifestarse sin comunicar previamente la protesta, tal y como fija la ley.
A efectos prácticos, esta medida beneficiará, por ejemplo, a aquellos que traten de impedir un desahucio –siempre y cuando no generen altercados–. Hasta ahora, si los agentes solicitaban a los activistas que depusiesen su actitud y estos se negaban, podían tramitar un expediente de sanción por desobediencia, resistencia u obstrucción, que conlleva multas asociadas de hasta 600 euros.
Según el anuncio del Govern, no habrá ninguna penalización y, además, las actas las volverá a tramitar Interior –la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS)– y no los Mossos, como hasta ahora. Supone así una nueva cesión del Ejecutivo de Pere Aragonès a la CUP, y es que los antisistema reclamaron, ya en el pacto de investidura, retirar a los antidisturbios de los desalojos.
La policía catalana, en la mayoría de ocasiones, despliega operativos en los desahucios para garantizar la protección de los secretarios judiciales, obedeciendo órdenes de un juez, por lo que el Govern no tiene potestad para apartarlos de dichas actuaciones. Por ello, no aplicar la ley de Seguridad supone una vía para cumplir con las exigencias de los antisistema, aunque también puede conllevar un riesgo para los propios manifestantes, ya que si tratan de evitar un desalojo, y un juez decide que se ejecute, este último podría ordenarles intervenir.
Agentes «vendidos»
Esta decisión de la Generalitat deja a los agentes «a los pies de los caballos», apunta Albert Palacio, mosso portavoz de USPAC. «Quieren sacar rédito político a costa de desacreditar la labor policial para que la CUP pueda acudir a todos los desahucios y que no se pueda multar a los activistas», desde el sindicato de agentes advierten de que serán los ciudadanos los que acabarán pagando esta decisión, que se suma a la lista de agravios de los uniformados con el actual Govern. Y es que en los últimos meses, los agentes han visto como la Generalitat se retiraba de varias causas judiciales con mossos heridos, también por exigencia de la CUP.
Cabe recordar que este último anuncio de Interior, el de dejar de imponer sanciones, llega después de que los antisistema plantasen a Aragonès, con quien tenían previsto reunirse para abordar cómo rearmar la unidad del independentismo, tras la detención de cuatro activistas antidesahucios.
«No se multa a personas pacíficas por manifestarse, sino a aquellos que lo hacen sin autorización», indica Palacio sobre los argumentos de Elena.