Daniel Ortega emprende una cruzada contra las universidades privadas de Nicaragua
▶ El régimen sandinista ha confiscado seis y las ha convertido en bienes del Estado para ejercer más control político en la educación
Las universidades privadas se han convertido en el nuevo blanco de ataques del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. La estrategia represiva ha sumido al país –y sobre todo a las generaciones jóvenes– en una profunda incertidumbre de cara al futuro educativo. Hasta ahora son seis los recintos que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, ha decidido cancelar administrativamente, con el fin de que pasen a posesión del Estado. La medida, calificada como «drástica» por estudiantes, docentes y defensores de derechos humanos, agudiza el clima político del país, ya afectado por decenas de juicios políticos contra voces críticas.
Una de las universidades clausuradas fue la Universidad Politécnica (Upoli), uno de los recintos que albergaron a los estudiantes que se rebelaron contra Ortega durante las protestas de abril de 2018. Decenas de estudiantes se atrincheraron en el recinto con el fin de exigir la salida del Gobierno y el traspaso a la democracia. Los sandinistas no claudicaron a las presiones y prefirieron mantener la represión por la vía armada contra los manifestantes universitarios. Policías y grupos de civiles armados atacaron la universidad, hasta expulsar a los jóvenes que se encontraban dentro. Después de ello, la Upoli se sometió a las disposiciones del partido y dejó de ser crítica. Varios estudiantes en rebelión fueron expulsados. La personería jurídica –una figura legal que garantiza el funcionamiento administrativo del centro académico– fue despojada por la Asamblea nicaragüense a principios de febrero.
Una semana después, el Gobierno anunció que el recinto pasaba a ser propiedad del Consejo Nacional de Universidades (CNU), un órgano rector estatal que rige la educación superior del país y se encarga de administrar el presupuesto nacional para las universidades. Además de la Upoli, fueron ilegalizadas la Universidad Popular Nicaragüense (Uponic), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh) y la Universidad Paulo Freire (UPF). Dos meses antes había sido cancelada la Universidad Hispanoamericana (Uhispam).
El Gobierno justificó las cancelaciones debido a un supuesto incumplimiento de la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Sin embargo, el traspaso de las propiedades privadas como bienes del Estado tiene tintes de confiscaciones, como las que los sandinistas realizaron en la década de los ochenta, cuando llegaron por primera vez al poder tras derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle, el último de la familia Somoza que gobernó el país por casi cuarenta años. Con estas acciones, Ortega estaría violando la Constitución de la República, que prohíbe cualquier tipo de confiscación.
Estrategia represiva
José Alcázar, sociólogo nicaragüense que ha laborado en varias instituciones de educación superior en el país, aseguró a ABC que la búsqueda por el control absoluto del Frente Sandinista dentro del sistema de educación superior forma parte de la estrategia represiva que el partido ha ejecutado desde su llegada al poder. «Esto añade más terror y agudiza la sensación de que nadie está a salvo, ni siquiera unas instituciones que tienen tiempo de funcionar en el país», agregó.
El experto considera que el futuro del país está en riesgo y el efecto que se espera de estas decisiones es una ola de nuevos migrantes jóvenes. «Viene una ola tremenda de jóvenes que irán en busca de un aire más sano, no tóxico, de libertad. Me parece algo inminente, si yo fuera un joven lo estaría pesando».
Tras el traspaso de las universidades como bienes del Estado, el Gobierno de Ortega ha cambiado sus nombres y ha designado a nuevos rectores. Todos ellos afines al partido y con un gran historial de fidelidad a sus filas. Por esta razón, la medida en el país es vista con preocupación. La nueva Universidad Nacional Politécnica (UPN) sustituirá a la Upoli. A pesar de ello, la educación en los nuevos centros no será gratuita, como sí lo es en los que siempre han sido subvencionados por el Estado. Ramona Rodríguez, presidenta del CNU, aseguró que los estudiantes pagarán los aranceles como siempre.
Rodríguez nombró el 10 de febrero a las nuevas autoridades de las seis universidades privadas que fueron confiscadas por el régimen de Ortega. Para tales funciones designó a trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), leales a Rodríguez y al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Rodríguez también nombró a trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), fieles a ella y al partido.
Los recintos también han sido tomados por la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), una agrupación política que ejerce control en los recintos del Estado y exige lealtad al partido. La UNEN está conformada por personas que llevan varios años siendo ‘estudiantes’, a pesar de que la mayoría de los dirigentes sobrepasan los 30 años. En un vídeo difundido por las redes sociales, los miembros de UNEN aparecen cantando canciones partidarias y utilizando la bandera sandinista dentro de las instalaciones de la Upoli, en una clara violación a la Ley de Autonomía Universitaria, que establece la prohibición de símbolos partidarios dentro de los campus.