Los expertos pedirán subir el IVA acotando el uso de tipos reducidos
▶ Su informe planteará una modificación profunda del impuesto para generar más ingresos y reducir la desigualdad ▶ Propondrá varios escenarios de mejora sobre la base de dar un tajo a la lista de bienes y servicios ‘incentivados’
España es el país de la Unión Europea que presenta un tipo efectivo más bajo en el IVA: el 8,8%. Según los últimos datos publicados por la Comisión, Francia está en el 9,7%, Italia, en el 9,9%; y en Alemania se paga un tipo medio del 10,6%. Desde hace años los funcionarios de la Comisión Europea no pierden oportunidad de recordar a las autoridades españolas lo sorprendente que les resulta que el país tenga tantas dificultades para rebajar su déficit público al tiempo que mantiene una especie de ‘oasis fiscal’ a sus consumidores a través del IVA.
Lo que dicen las grandes cifras es que solo con replicar el régimen fiscal vigente en Francia las arcas públicas ingresarían 8.000 millones de euros más. Ello exigiría que el Gobierno de turno o bien subiera el tipo general –situado a día de hoy en el 21% tras las subidas de 2010 y 2013 – o bien cogiera la tijera y se aplicara en recortar el listado de bienes y servicios que disfrutan de tipos reducidos o superreducidos en España, la más extensa de largo de toda la Unión.
Sin margen para una tercera subida del tipo general, que ya situaría a España al nivel de los países nórdicos, la poda de los productos que gozan de incentivo fiscal en el IVA aparece como la opción más factible para tratar de sacar más ingresos al impuesto. El miedo a una contestación social desde los sectores afectados ha actuado como freno para actuar, pero eso no va a influir sobre el Comité de Expertos para la Reforma Fiscal configurado por el Ministerio de Hacienda, cuyo informe incluirá una recomendación inequívoca para recortar el número de bienes y servicios que tributan al tipo superreducido (4%) o al tipo reducido (10%) no sólo con el objetivo de mejorar la recaudación de IVA sino también de conseguir recursos para financiar políticas sociales más eficaces a la hora de reducir la desigualdad, según aseguran fuentes al tanto de los trabajos del grupo de expertos.
La elección del hilo argumental no es baladí. La permanente expansión del universo de bienes y servicios con tipos rebajados se ha justificado mediante dos argumentos fundamentales: la necesidad de dar un respaldo especial a determinados sectores (cine, servicios turísticos, rehabilitación de viviendas...) o la consideración de determinados servicios como de primera necesidad (mascarillas, VPO...). Los debates más recientes en torno a la posibilidad de ampliar esta lista han ido por ese lado, como ha pasado con los productos de higiene femenina, servicios veterinarios o peluquerías, defendidos como servicios de primera necesidad que requieren de un tratamiento fiscal preferente.
Más dinero para ayudas
La opinión mayoritaria dentro del grupo de expertos es que si se trata de hacer política social es preferible hacerla a través de otro tipo de ayudas directas que por medio del IVA. De hecho, según las fuentes consultadas, una de las propuestas que saldrá del comité es que parte de la recaudación extra que se obtenga del tijeretazo a la lista de bienes y servicios con incentivos fiscales se destine a mejorar las ayudas públicas que reciben los más vulnerables a modo de compensación, ya sea mediante desgravaciones en el IRPF o mediante la mejora de las ayudas del Ingreso Mínimo Vital.
La idea ya fue apuntada por el coordinador del comité de expertos, el profesor Jesús Ruiz Huerta, en un artículo publicado en 2018 en la Gaceta Sindical de CC.OO., en el que ponía de manifiesto
La Airef concluyó que las arcas públicas perdían 18.000 millones anuales por el efecto de los tipos reducidos del IVA
Los expertos no descartan la posible utilización de parte de los ingresos extra por el recorte de incentivos para bajar el IVA del 21%
la escasa diferencia del tipo efectivo que pagan los contribuyentes en el tramo de renta más bajo (12,13%) respecto a los situados en el más alto (13,26%) y recalcaba las favorables conclusiones obtenidas por un estudio que simulaba la supresión de los tipos reducidos y superreducidos de IVA y su sustitución por deducciones reembolsables en el IRPF para las rentas más bajas. Según esta simulación, ese movimiento no solo permitiría incrementar de forma significativa la recaudación del Estado, sino también reducir la tasa de desigualdad.
El margen de maniobra es extraordinario. El informe realizado sobre el particular por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) concluyó que España perdía cerca de 18.000 millones de euros de recaudación anuales por el efecto de los tipos reducidos, algo más de 5.300 millones por el superreducido del 4% y alrededor de 12.500 millones por el reducido del 10%. La ejecución esperada del Ingreso Mínimo Vital supone un gasto de 2.000 millones al año.
El lastre de los minitipos
La operativa de los tipos reducidos y superreducidos del IVA ha actuado como lastre de la política fiscal en los últimos años. España aún no ha recuperado los niveles de recaudación obtenidos en 2007, 2008 o 2010, cuando el tipo general del impuesto estaba en el 16%, pese a tener un tipo general del 18% desde mediados de 2010 y del 21% desde 2013. La subida de los tipos no se ha traducido en un incremento proporcional de la recaudación por el efecto de los tipos reducidos, que cada año han drenado más y más recursos.
Según las fuentes consultadas, otra de las propuestas que han sopesado los expertos en sus deliberaciones es que los ingresos extra obtenidos por la reducción o, directamente, la supresión de los tipos reducidos se repartan entre la financiación de políticas de gasto y la reducción del tipo general del IVA por debajo del 21% actual, dado la realidad de que este no responde ni por asomo a la realidad y genera una importante brecha entre los bienes y servicios incentivados y el resto. La diferencia de trato entre unos bienes y otros ha sido un foco permanente de conflicto en ámbitos como el inmobiliario, donde la vivienda nueva tributa al 10%, la VPO al 4% y la de segunda mano según el tipo vigente de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la comunidad autónoma de turno, o la hostelería, donde hasta 2018 las consumiciones devengaban un tipo diferente de IVA según la naturaleza del establecimiento.