La Junta dilapidó 137 millones en Santana por interés político del PSOE, según la Policía
▶ Sólo se invirtieron 10 de los 36 millones que le prestó para fabricar el todoterreno Massif
Santana Motor, la factoría automovilística de Linares que echó el cierre en febrero de 2011 después de más de medio siglo de actividad, se convirtió en un pozo sin fondo para la Junta de Andalucía. El Gobierno de Manuel Chaves (PSOE) adquirió la compañía en 1994 tras la marcha de la multinacional japonesa Suzuki por la pérdida de competitividad de la planta. La salida del gigante nipón generó un conflicto social en Linares, ciudad que encabeza las tasas de paro en España. Para aplacarlo, la Junta destinó todo tipo de ayudas públicas para financiar proyectos industriales fallidos, planes de formación ineficientes, reducciones de plantilla y, por último, un préstamo de 36,1 millones de euros al final de 2009 para fabricar un todoterreno, el Iveco Massif, que se transformó de forma irregular en una subvención a fondo perdido.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que sigue el rastro de los fondos públicos transferidos a Santana Motor, denuncia que la Administración autonómica utilizó «en fraude de ley» la normativa que le «hubiera impedido financiar por importe total de 136.821.197 euros» a esta empresa «inviable» e «ineficiente desde el punto de vista comercial, pero de la que parecía depender un gran censo de población». El Gobierno socialista puso los recursos públicos «al servicio de intereses políticos de mantenimiento de la paz social» y trató de «encubrir» ayudas de Estado a empresas en crisis que, además, no evitaron «el fracaso del proyecto», advierte el informe policial. El régimen de ayudas a empresas en crisis le impedía conceder más de 10 millones de euros en una década.
En dos atestados de 182 y 76 páginas entregados el pasado octubre al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la UDEF expone que las sociedades del grupo, Santana Motor y Santana Motor Andalucía, entraron en causa de disolución en 2007. Si no echaron el candado entonces fue gracias a un préstamo entre ellas condonado en 2005. «Entre 2009 y 2011, ambas entidades recibieron 36,1 millones de euros para el desarrollo de un modelo de vehículo» que le permitiera continuar con el modelo de negocio. En este periodo investigado, la fábrica no generó recursos propios, salvo por la venta de activos al propietario de la fábrica, la agencia autonómica IDEA, que le supusieron unos ingresos de 84,99 millones a costa de la Junta. Con posterioridad, IDEA traspasa las acciones a su filial Incubadoras de Emprendedores de Andalucía S.L. (Incuba) y desembolsa otra ayuda a fondo perdido «en calidad de reequilibrio patrimonial que, en realidad, enmascara ayudas laborales por importe de 15,72 millones de euros». La factura total se acerca a los 137 millones de euros con los que la Junta ‘regó’ de manera fraudulenta a la malograda factoría.
Los investigadores de la UDEF señalan que de los 36,1 millones del préstamo público no reembolsable «tan sólo se invirtieron 10,69 millones» a través de diversos «proveedores identificados» para la fabricación de un todoterreno destinado al mercado militar o industrial. En octubre de 2008, la Consejería de Innovación había firmado un convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el diseño y desarrollo tecnológico del todoterreno con dinero estatal. Sin embargo, «estos gastos de inversión en I+D no fueron acometidos» y el valor tecnológico del vehículo «parecía muy deficiente».
La Intervención General de la Junta determinó que los gastos «no se encuentran en absoluto justificados». La UDEF detecta «falsedades documentales», como la conversión del crédito público en uno no reembolsable después de haber sido aprobado en otros términos por el Consejo de Gobierno.
La Policía desvela irregularidades en la gestión de un centro de negocios de empresas en Madrid de la agencia IDEA que ésta encomendó a
La UDEF revela que la Junta abrió un centro de negocios en Madrid y contrató a la empresa de un directivo de IDEA para gestionarlo
un órgano instrumental, Fagia, que a su vez subcontrató a un tercero, Experience Management Group. El administrador único de dicha empresa, Bienvenido Martínez, era a su vez presidente de Santana y director de Inversiones Estratégicas de la Agencia IDEA «hasta el día anterior a la firma del contrato de gestión del centro de negocios». Es decir, fue beneficiario y adjudicatario del contrato, juez y parte a la vez.