La Justicia amplía la investigación por el asesinato de Gregorio Ordóñez
Busca más pruebas sobre cinco cabecillas de la cúpula de ETA que ordenó el atentado
El Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional ha ordenado nuevas diligencias para investigar la participación de cinco miembros de la cúpula de ETA cuando se produjo el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995, siendo teniente de alcalde de San Sebastián y líder del PP en Guipúzcoa. Así lo ha acordado el juez Alejandro Abascal, que ya en diciembre tomó declaración como imputado a uno de ellos, Mikel Albisu, alias ‘Mikel Antza’, y que este lunes hizo lo propio con otro de los investigados, Ignacio Miguel Gracia Arregui ‘Iñaki de Rentería’.
La causa se abrió después de que la Audiencia Nacional admitiera en 2015 la denuncia de Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), para que se juzgue no solo a los autores materiales , sino también a los que lo decidieron y facilitaron.
En su auto de ayer, Abascal ordena varias diligencias para esclarecer hasta qué punto los miembros del comité ejecutivo o ‘zuba’ de ETA en ese momento participaron en la decisión de asesinar a Ordóñez hace 27 años. Además de los dos mencionados, el magistrado apunta a otros tres: José Javier Arizcuren Ruiz, alias ‘Kantauri’, Julián Achurra Egurola ‘Pototo’, y Juan Luis Aguirre Lete ‘Isuntza’. Todos ellos formaban parte de la cúpula de la banda tras ser desarticulada la anterior en la localidad francesa de Bidart en 1992. Para reponerse de ese golpe histórico, la nueva dirección etarra inició una oleada de atentados contra representantes de PP y PSOE para «desestabilizar al Estado y lograr una hipotética negociación».
También recuerda el juez que, mientras permaneció activa, la cúpula de ETA tutelaba todo, hasta el punto de que «no hay nada que no controle», ya que «decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado».
Abascal insta a la Guardia Civil a que localice y analice la documentación intervenida a etarras sobre las reuniones del comité ejecutivo de ETA «en fechas inmediatamente anteriores, simultáneas y posteriores» al asesinato de Ordóñez para investigar quién acudió a ellas y qué asuntos se trataron, «con especial interés en posibles referencias a acciones contra políticos del PP», como la víctima de este caso. También solicita información de los dispositivos informáticos incautados tras la detención de Mikel Antza en Francia, en poder ahora del Ministerio del Interior español, para buscar «datos, indicios o informaciones relacionadas con el asesinato» de Ordóñez.
La causa se abrió en 2015 gracias a la denuncia de Consuelo Ordóñez contra todos los responsables del crimen de su hermano