El Tribunal de Cuentas recula y permite que la Generalitat avale a los líderes del ‘procés’
► La rectificación se produce después de que el PSOE, presionado por ERC, pactara con el PP su renovación
Los dirigentes del proceso separatista recuperarán las fianzas que depositaron de forma voluntaria o apercibidos de embargo
El Estado, a través de la Generalitat, correrá con las multimillonarias fianzas impuestas a quienes lo violentaron con el ‘procés’ independentista que culminó con el golpe secesionista de Cataluña en otoño de 2017. Que el económicamente perjudicado (Estado) se convierta en avalista judicial de sus perjudicadores es la paradoja a la que acaba de dar luz verde el Tribunal de Cuentas. Además, para amparar esta maniobra ha tenido que recular estrepitosamente, desdecirse de lo que el mismo órgano dictó hace apenas unos meses. En octubre tumbó la pretensión de la Generalitat de cubrir las multimillonarias fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los 34 líderes independentistas, excargos catalanes, a los que tiene encausados por el desvío de fondos públicos al servicio del ‘procés’. El dinero salió de las arcas de la Generalitat, que es una pieza más de la arquitectura institucional del Estado y que, a mayor abundamiento, lleva años apuntalada con continuas y cuantiosas inyecciones financieras del Gobierno central.
Lo que para el TCu era jurídicamente imposible hace menos de cinco meses, ahora es totalmente posible y procedente. Entre lo uno y lo otro ha mediado la renovación de la cúpula del Tribunal de Cuentas, pilotada por el PSOE, consentida por el PP de Casado y auspiciada por ERC. Los independentistas catalanes presionaron al Gobierno de Sánchez cuando negociaron su decisivo voto para el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2022. ERC exigió que se liberara a esos 34 cabecillas del ‘procés’ de soportar las fianzas con su garantía personal. Y el Gobierno de Sánchez allanó el camino mediante la renovación de la cúpula del TCu, que se ejecutó en paralelo a otros cambios de calibre, como la salida de la magistrada Margarita Mariscal de Gante, que en el pasado fue ministra de Justicia con José María Aznar.
Así llegó Enriqueta Chicano a la presidencia del TCu el pasado noviembre. Su nombre fue defendido por el PSOE y aceptado por el PP en el marco de la renovación de órganos constitucionales que Pablo Casado pactó con los socialistas el pasado otoño y que alcanzó también al Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.
Ahora, solo tres meses después de la toma de posesión de Chicano, llega esta
resolución del TCu en la que recula para que, en la práctica, esos 34 dirigentes del ‘procés’ puedan recuperar los millones que debieron aportar meses atrás como fianza, de forma voluntaria o apercibidos de embargo. La Generalitat soportará la carga, con el concurso del Instituto Catalán de Finanzas. Este cambio de criterio ha sido aprobado por la sección de enjuiciamiento del TCu que
lleva el caso, con dos votos a favor –los consejeros designados por el PSOE Rosario García Álvarez y Diego Íñiguez– y el voto particular –no favorable– de Rebeca Laliga, designada a propuesta del PP. Las fianzas se impusieron por las responsabilidades que se dirimen en la causa abierta en el Tribunal de Cuentas. Juzgado el asunto por lo penal en el Tribunal Supremo –y excarcelados los condenados con los indultos del Gobierno–, al TCu le corresponde exigir la responsabilidad contable, los fondos públicos desviados ilícitamente para financiar el ‘procés’. De ahí estas fianzas impuestas a los 34 encausados mientras se tramita el procedimiento y llega sentencia en el TCu.
Millones desviados
Las cantidades exigidas cautelarmente mediante fianza suman 9,5 millones de euros: 5,4 millones por los fondos públicos desviados para la promoción exterior del ‘procés’ y recabar apoyos internacionales; y 4,1 millones por el dinero público dedicado a la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
La resolución del TCu oxigena el bolsillo de esos 34 imputados por el ‘procés’, entre los que figuran sus cabecillas más conocidos: el expresidente catalán
Artur Mas, con quien se lanzó esa hoja de ruta secesionista; su sucesor, el prófugo Carles Puigdemont; el exvicepresidente y dirigente de ERC Oriol Junqueras; y los consejeros catalanes que participaron en el golpe independentista. Junto a ellos, otros cargos de la Administración autonómica catalana que, según esta causa, maniobraron para derivar esos 9,5 millones de fondos públicos al servicio del ‘procés’.
La Administración no acusa
Salvada la cuestión de las fianzas para proteger el patrimonio de los encausados, el siguiente objetivo de los independentistas es desinflar este proceso del TCu. Y van cubriendo etapas en esa dirección, mientras las marcas políticas del soberanismo hacen valer su peso como socios parlamentarios del Gobierno de Sánchez y Unidas Podemos.
Esa hoja de ruta pasa por la nuclear cuestión de las partes personadas en la causa: a falta de conocer qué hará la Fiscalía, lo que ya se sabe es que no hay personada más acusación que la que ejerce Sociedad Civil Catalana. La Abogacía del Estado se retiró del proceso con el argumento de que la Administración central no se había visto perjudicada. Y la Generalitat, directamente dañada por el uso de esos fondos públicos para el ‘procés’, no ha querido reclamar a los encausados. Lejos de exigirles la reposición de los fondos desviados, ha insistido en avalarlos ante la acción de la justicia. Ayer se conocía también la resolución que convertía en definitiva la retirada de la Abogacía del Estado de este proceso del Tribunal de Cuentas.