Covite solicita a la Fiscalía la revisión de los terceros grados dados por el Gobierno vasco
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, solicitó ayer a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la revisión de las progresiones de grado concedidas por el Gobierno vasco a ocho presos de ETA. Se suma así al recurso de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT, y pide que se analice si se ha cumplido con las peticiones de perdón en las condiciones que exige la ley.
«Nunca nos hemos fiado de las intenciones del Gobierno vasco», afirmó la presidenta del Colectivo, Consuelo Ordóñez, en un comunicado. Criticó que mientras ETA estaba activa «no querían ser carceleros» y que ahora que ya no mata se temen que estén buscando «trampas y vías rápidas». «Este primer movimiento del Ejecutivo no ayuda a que nuestras sospechas amainen», añadió Ordóñez. Desde el colectivo de víctimas destacan que los etarras progresados a tercer grado son «miembros de ETA orgullosos de su pasado criminal». Consideran, además, que cuentan con «todo el apoyo logístico y propagandístico de la izquierda abertzale». Y por eso acusan al Gobierno vasco de «mentir» cuando aseguró que solo concedería terceros grados a aquellos etarras que tuvieran «una clara voluntad de reinserción». El anunciado por Covite es el segundo recurso que tendrá que analizar la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Nada más conocer la decisión del Gobierno vasco, la AVT también anunció que solicitaría a la Fiscalía la revisión de los ocho terceros grados concedidos. A esta petición también se sumó a través de su cuenta de Twitter el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz.
Desde Covite insisten en su confianza «plena en el trabajo de la fiscalía. Consuelo Ordoñez se reunió el pasado 16 de febrero con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, para agradecerle su labor en la supervisión de terceros grados. La labor de la Fiscalía ha culminado en los últimos meses con la revocación de varias progresiones por considerar que las cartas tipo presentadas por los etarras no podían entenderse como un arrepentimiento efectivo. Desde la Consejería de Políticas Sociales y Justicia del Gobierno vasco mantienen que las decisiones se han tomado en todo momento atendiendo a criterios técnicos. Unas explicaciones que no convencen a las asociaciones de víctimas. «Estaremos muy pendientes de todo lo que hagan», advierten desde Covite.