El IPC se dispara al 7,4% y alienta una ola de ajustes a la baja del crecimiento
▶ Los analistas ultiman un recorte generalizado de sus previsiones de PIB para este ejercicio ▶ Consideran inevitable un empobrecimiento de trabajadores y empresas a corto plazo
Cada mes que el IPC permanece por encima del 6% las expectativas de crecimiento de la economía española se ensombrecen un poco más. En los apenas cuatro meses transcurridos entre octubre y enero, y en medio de una espiral inflacionista como no se veía en España desde hace treinta años, el consenso de los analistas se ha desplazado de esperar un crecimiento del 6,1% para este año a finales del mes de septiembre a augurar otro algo más modesto del 5,6% el pasado enero.
La secuencia de ajustes a la baja del crecimiento español para 2022 aún no ha terminado. A una semana escasa de que la veintena de institutos de análisis que colaboran en el Panel de Funcas –el índice que plasma el consenso de los analistas españoles respecto a la evolución de la economía doméstica– actualicen sus previsiones para España, media docena de analistas del panel consultados por ABC admiten que recortarán sus previsiones de crecimiento para este año al compás de los acontecimientos en Ucrania y la evolución descontrolada del IPC.
El dato de avance del mes de febrero difundido ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) disparó la evolución del índice general de precios hasta el 7,4%, un nivel no visto desde el año 1989, cuando el país crecía a toda pastilla impulsado por la primera remesa de fondos estructurales de la UE y las inversiones asociadas a los grandes fastos del año 1992.
Ahora el fenómeno es distinto, como subraya Camilo Ulloa, economista principal de BBVA Research para España y Portugal. «No es lo mismo soportar tasas de inflación elevadas por un crecimiento potente con gran creación de empleo, que como sucede ahora por efectos de segunda ronda». La información proporcionada ayer por el INE confirma que lo que nació como un episodio asociado al sector energético ha terminado drenándose al conjunto de la economía, como lo confirma el crecimiento del 3% del IPC subyacente, el núcleo más estable de la cesta de la compra.
Los analistas coinciden en que el actual episodio inflacionista lastrará el crecimiento económico este año y probablemente el próximo, pero discrepan sobre la profundidad del fenómeno. Para María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, tendrá tintes estructurales. «Cuando dentro de unos meses la inflación descienda, los precios altos se quedarán ahí y es probable que esto se traduzca en una pérdida general de poder adquisitivo y un empobrecimiento de la población», augura.
No es mucho más optimista con la dimensión macro. La analista de Funcas asegura que el escenario actual subraya las vulnerabilidades de la economía española e incrementa su exposición a cualquier tensión en los mercados financieros. «Tenemos poco margen de maniobra por el lado de la política fiscal y cualquier eventual endurecimiento de la política monetaria puede tener efectos negativos para España. Es un escenario en el que corremos un riesgo alto de entrar en una situación de insostenibilidad de la deuda», advierte.
«Tenemos que estar preparados para un escenario de pérdida de poder adquisitivo», recalca Antonio Madera, responsable de la División de Análisis Soberano de EthiFinance (antes Axesor), que prevé que la inflación media de 2022 se sitúe en el entorno del 6%. «Nuestro escenario central es que la inflación acabará convergiendo al 2%, pero lógicamente los acontecimientos de los últimos días harán que esta convergencia se produz
ca unos meses más tarde y eso tendrá efectos sobre la economía».
No empeorar la situación
Los analistas consultados coinciden en que en el actual contexto el principio que debe seguir la política económica es el de la prudencia, y tratar de no empeorar la situación. Al Gobierno se le pide que formule lo antes posible un plan de consolidación fiscal como le vienen pidiendo el Banco de España, la Airef y los principales organismos internacionales desde hace meses y también que aparque su intención de abordar la reforma fiscal en 2023.
«El Gobierno ya está obteniendo ingresos extra por la inflación y el hecho de no actualizar la tasas impositivas en este contexto agrava el efecto de pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos», avisa Antonio Madera. «Hay que intentar evitar causar más problemas de endeudamiento a largo plazo», coincide Camilo Ulloa, de BBVA Research. «No es momento de fuertes subidas de los salarios públicos o las pensiones y tampoco de subidas de impuestos».
Desde el Ministerio de Asuntos Económicos se reafirman en su estrategia de política económica contra la inflación. Recuerdan que ya se han adoptado medidas fiscales «con un coste significativo» para tratar de amortiguar el impacto del encarecimiento de la factura de la luz sobre los consumidores, especialmente los más vulnerables, en referencia a la bajada del tipo de IVA del recibo de la luz, y que está haciendo presión en Bruselas para tratar de acelerar la reforma del sistema de precios de la electricidad para resolver ese problema a medio y largo plazo.
El diagnóstico que hace el Gobierno es que la inflación continúa siendo un problema transitorio, que se ciñe principalmente al sector energético y que se resolverá en los próximos meses.
«Es cierto que la inflación subyacente está en el 3%, que es una tasa reconducible, y que todavía no hay presión generalizada de los precios, pero también lo es que las expectativas han empeorado y que si el conflicto en Ucrania se prolonga la situación será más complicada», señala Raúl Mínguez, analista jefe de las Camáras de Comercio.
La espiral precios-salarios
De fondo en todos los análisis aparece el asterisco de la negociación salarial de 2022 y el riesgo de que las presiones inflacionistas desencadenen una espiral precios-salarios que consolide los actuales niveles de inflación y lleven a la economía a un contexto mucho más incierto.
«Es fundamental intentar firmar un acuerdo de negociación colectiva. Estamos ante un ‘shock’ externo y esto debe implicar un reparto de las cargas entre empresarios y trabajadores», concede Carlos Martín Urriza, director del Gabinete Económica de CC.OO. Aboga por un acuerdo de varios años, que reinstaure las cláusulas de revisión salarial para garantizar que los trabajadores no pierden poder adquisitivo. «De momento, la crisis sólo la están pagando los trabajadores. La subida del IPC subyacente demuestra que las empresas ya están trasladando la subida de los precios a sus márgenes».
«Las empresas no ganan con la inflación. Hay una parte de sus sobrecostes que los están trasladando a precios, pero otra la están internalizando», explica Raúl Mínguez, de las Cámaras de Comercio, poniendo sobre la mesa el conflicto que CEOE y sindicatos están tratando de dirimir para cerrar un acuerdo para la negociación colectiva de 2022.
«Estamos en una situación que se asemeja más a la que vivió España en los 70, que a los altos niveles de inflación de hace 30 años», recalca María Jesús Fernández. «Si se consolida la exigencia de mayores subidas salariales y se produce una espiral precios, salarios, precios, el riesgo de que la economía entre en una fase de inflación sin crecimiento –la temida estanflación– se incrementará de manera significativa».