Garzón cuela su apoyo a okupas, pero olvida a la clase media en su ley del consumidor
▶ Oposición y empresas denuncian los cambios de tapadillo que el Gobierno ha metido en el proyecto
La ley que regula la creación del consumidor vulnerable se ha convertido en un cajón de sastre para el Gobierno en el que cabe desde una enmienda para legitimar la okupación ilegal hasta una reforma de un sector tan importante como la estiba. El Ejecutivo ha utilizado la reforma, aprobada en el Congreso la semana pasada, para incluir de tapadillo asuntos que, en principio, poco tienen que ver con el espíritu de la norma. Todo ello pese a las airadas críticas de empresa y oposición política.
A principios de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el germen de la reforma, que incluyó, por sorpresa, una modificación de la norma antidesahucios aprobada meses antes. El cambio fue sutil, pero sirvió para incendiar al sector inmobiliario. En la práctica, el Gobierno pasó de exigir, para legitimar una okupación, que no haya delito en el proceso a pedir solo que no se produzca con violencia. «Es un paso más para permitir estas prácticas», decían entonces fuentes del sector inmobiliario.
La semana pasada el Ejecutivo dio un paso más e introdujo en la reforma una enmienda que completa la de la estiba y da todo el poder del empleo a los sindicatos del sector. Una situación que ya provocó una sentencia del TJUE en 2014 y la imposición de multas millonarias a España. Fuentes del sector reconocen que con este paso «se desbloquea la actividad», pero cuestionan que la forma de aprobar una reforma de tal calado sea a través de una enmienda.
Los «superpagadores»
Mientras, la clase media queda excluida de la reforma. La norma, que nace del Ministerio de Consumo, centra su contenido en corregir situaciones de indefensión con el fin de proteger a colectivos vulnerables. Pero hay pocas medidas para las familias calificadas como los «superpagadores» por soportar elevados gastos mensuales y la escalada de los precios sin ningún tipo de ayudas ni reducciones impositivas.
Pese a ello, el titular de Consumo, Alberto Garzón, defendió tras la aprobación de la ley de protección de los consumidores que la norma beneficia a toda la sociedad ya que, en su opinión, cualquier persona «puede ser en cualquier momento, si no lo es ya, un consumidor o consumidora vulnerable».
Grupos políticos como el PP o Ciudadanos, sin embargo, recordaron durante la votación de las enmiendas la carga que soporta la clase media, trabajadores que no cobran el salario mínimo, pero que tampoco tienen un gran sueldo y deben hacer frente a las subidas de la luz, los carburantes, la cesta de la compra o el alquiler en un escenario de inflación que se agravará por el conflicto en Ucrania y sin ningún apoyo del Ejecutivo.