La exigencia del euskera se le atraganta al Gobierno vasco
▶ Varias sentencias anulan las pretensiones de reclamar el idioma a todos los funcionarios
En las comunidades autónomas donde existen varias lenguas cooficiales, los ciudadanos tienen derecho a dirigirse a la Administración en cualquiera de esos idiomas. El Gobierno vasco aprobó en 1982 la ley de Normalización Lingüística con el objetivo de garantizar que en las plazas de funcionario se garantizara un mínimo conocimiento del euskera. Así surgieron lo que hoy se conoce como perfiles lingüísticos, con hasta cuatro niveles, que según la ley pueden ser un requisito imprescindible en entre el 51 y el 52% de las plazas públicas ofertadas en una oposición. El problema, aseguran varias fuentes consultadas, es que en muchas de las últimas convocatorias públicas se ha exigido un título de euskera en hasta el 70% de las plazas ofertadas. Esto está provocando un reguero de recursos y sentencias anulando procesos que podría terminar por volvérsele en contra al Ejecutivo vasco.
La última voz crítica al respecto la alzaba este mismo fin de semana Raúl Arza, secretario general de UGT en el País Vasco. En una entrevista concedida a Radio Vitoria aseguraba que la exigencia de perfiles lingüísticos por encima de los umbrales legales iba a ser «una línea roja» para el sindicato a la hora de negociar próximos concursos de mérito y procesos de oposición.
El problema es que en la actualidad, según datos de UGT, el 40% de la plantilla de la Administración vasca es eventual. Algunos de estos interinos accedieron a sus puestos de trabajo cuando no existía una exigencia lingüística y con las políticas actuales en un proceso para consolidar su puesto estarían obligados a acreditar un nivel de euskera que muchos no tienen. Arza advertía que su sindicato no va a permitir que trabajadores interinos que «llevan 15 años» no puedan ni siquiera presentarse a un concurso para consolidar su puesto de trabajo «por no tener el perfil lingüístico asignado a su plaza».
Un cese nulo
Fuentes de UGT consultadas por este periódico han preferido no ahondar más en la polémica y esperar a ver cómo se gestionan las próximas convocatorias. Sin embargo, los jueces vascos sí se han pronunciado sobre casos como el que relataba Arza. En concreto lo ha hecho una juez de Vitoria que el pasado mes de febrero declaraba nulo el cese de una funcionaria del Ayuntamiento alavés de Llodio.
Según la sentencia, la trabajadora había invertido casi 1.300 horas en aprender la lengua autonómica, pero en los seis años que ocupó el puesto como interina no había conseguido aprobar el perfil lingüístico C1 (nivel de usuario avanzado). El Ayuntamiento alegó que cuando se incorporó la trabajadora existía la posibilidad de cesar si pasado un tiempo no acreditaba el requisito lingüístico exigido. Pero la magistrada argumentó que no se podía alegar «falta de capacidad» ante un trabajo que llevaba años desempeñando hasta el momento sin objeción alguna. Además, acusaba al consistorio de «nula sensibilidad» por no valorar el esfuerzo que supone tratar de aprender un idioma que «ocupa la quinta posición entre los idiomas más difíciles del mundo».
«Lo que se está dando es un incumplimiento de los derechos constitucionales», explica a ABC Francisco López Lera, el abogado que ha conseguido tumbar –también esgrimiendo el requisito lingüístico– unas oposiciones a Policía Local en Irún. Recurrió la convocatoria porque saber euskera era requisito indispensable para acceder a la totalidad de las plazas ofertadas. Esto, según explica el letrado, atenta contra el derecho de trabajadores de otras provincias de España a concurrir en igualdad de condiciones en plazas ofertadas en el País Vasco.
El letrado está personado en dos recursos similares contra lo que tacha de «’apartheid’ lingüístico». Uno de ellos afecta a la Diputación Foral de Guipúzcoa y el otro a las últimas oposiciones de la Ertzaintza, donde tener aprobado un título de euskera fue obligado para presentarse. Ante todas las decisiones judiciales el Gobierno vasco se reitera en que todas las convocatorias de la Administración cumplen con lo que dicta la norma. Pero lo cierto es que si se impone la doctrina del Tribunal Superior de Justicia vasca, la Administración autonómica podría sufrir un duro revés.
Algunos de los interinos de la Administración vasca accedieron a sus puestos cuando no había una exigencia lingüística