Propietaria desahuciada

Mi madre es viuda y pensionista. Pertenece a esa generación que, a base de trabajo, esfuerzo y privaciones, ha salido adelante y ha sacado adelante a los suyos. En 2015 recibe en herencia la mitad de una vivienda y decidimos adquirir la otra mitad, invirtiendo en ello todos los ahorros disponibles, con la idea de ponerla en alquiler y así tener un complemento de la pensión.

Durante los dos primeros años la cosa funcionó; pero a finales de 2019, el nuevo inquilino resultó ser un sinvergüenza. Firmamos el contrato de arrendamiento, todo buenas palabras y una aparente solvencia económica y personal. Abonó los dos primeros meses, pero al tercero empiezan las demoras y excusas inverosímiles.

La cosa pintaba mal, por lo que interponemos la oportuna demanda, pero él iba por delante: perceptor de ingresos y propietario de inmuebles urbanos, había recurrido a todo tipo de artimañas legales para ser considerado ‘vulnerable’.

Todo un profesional de la delincuencia, amparado por los decretos del Gobierno. No ha vuelto a pagar. Adeuda más de un año y con la prórroga del Gobierno hasta octubre acumularemos casi dos años. Entre tanto, la viuda pensionista está abonando los gastos de la comunidad, agua, seguro y otras derramas para mantener a un ‘vulnerable’.

El problema de la vivienda existe y corresponde a las administraciones arbitrar las medidas para solucionarlo. Todos tenemos derecho a una vivienda, pero no a costa del trabajo de desahuciar a los legítimos propietarios.

Estamos gobernados por unos populistas demagogos, incapacitados para la gestión, que en vez de afrontar los problemas los trasladan. Dicen que hacen políticas sociales, que nadie se va a quedar atrás y lindezas por el estilo, pero lo que hacen con su incapacidad manifiesta es echar a la cuneta a muchos legítimos pequeños propietarios, una flagrante injusticia.

LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ

OVIEDO