Los dos diputados de UPN consideran la sanción de su partido como una «expulsión de facto»

Unión del Pueblo Navarro (UPN) confirmó ayer la suspensión como afiliados y la inhabilitación como cargos internos de sus dos diputados en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, por votar hace un mes contra la reforma laboral del Gobierno, que la dirección de su partido había decidido apoyar.

Así consta en la resolución del Comité de Garantías y Disciplina de UPN, adelantada ayer por ABC, que resuelve el expediente sancionador instado por el presidente de esta formación, Javier Esparza. Un giro de última hora que pudo tumbar una de las principales iniciativas del Gobierno de no ser por el voto erróneo del diputado del PP Alberto Casero, que permitió convalidar esa reforma e hizo inútil la decisión de Sayas y Adanero de enfrentarse a su partido y votar en contra. El Comité de Garantías y Disciplina considera «probado» que estos dos diputados «en ningún momento informaron a la dirección de UPN de que su voto iba a ser negativo, contraviniendo así la postura oficial acordada» por su partido.

Aunque esta sanción es por dos años y medio para ambos, los afectados explican a ABC que la consideran como una «expulsión de facto» y aseguran que «es evidente que había una intención clara de expulsarnos porque somos un problema para la nueva estrategia de UPN de pactar con el sanchismo». García Adanero añade que «hay un tema de fondo» en todo este asunto y lo resume con su posición y la de Sayas, partidarios de que «con el sanchismo no se puede pactar, UPN no debe ser una muleta de este Gobierno, sino la alternativa».

Ni dimisión ni recurso

Sayas y García Adanero también confirman que no van a renunciar a sus escaños en el Congreso. La resolución del Comité de Garantías y Disciplina no se lo exige, ya que la suspensión de militancia e inhabilitación «afecta a la esfera interna en tanto que son afiliados de UPN, pero no al núcleo de sus funciones representativas como diputados». «La decisión de dimitir es personal», apostilla dicha resolución.

Los dos diputados tampoco van a recurrir la sanción, para lo cual disponen de diez días hábiles. Consideran ambos que es «una pérdida de tiempo», ya que el órgano ante el que tendrían que hacerlo es el Consejo Político de UPN, que ya pidió que fueran sancionados por abrumadora mayoría.