ABC (Andalucía)

Los ayuntamien­tos podrán implantar peajes por circular dentro de las ciudades

► El Gobierno prohibirá en septiembre la participac­ión de los camioneros en la carga

- GUILLERMO GINÉS / ANTONIO RAMÍREZ

En autovías no; en las ciudades, sí. El anteproyec­to de la ley de movilidad sostenible, que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros, no contempla medidas concretas para implantar peajes en las autovías españolas, pese al compromiso del Ejecutivo con Bruselas para acometer esta medida. En cambio, el texto sí habilita a los ayuntamien­tos que quieran implantar tasas por circular en zonas declaradas de bajas emisiones dentro de las ciudades.

Los ayuntamien­tos también podrán vetar la circulació­n de vehículos privados de motor en estas zonas, tal y como explicó ayer la ministra de Transporte­s, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Se trata de un ambicioso paquete normativo que abarca gran parte de la actividad que desarrolla­mos en el ministerio», destacó la ministra.

Para crear estas tasas para circular en el centro de las ciudades será necesaria una habilitaci­ón con rango de ley. Esto garantiza que las condicione­s para imponer los peajes sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa las tasas o no. En todo caso, está previsto que la ley de movilidad no se apruebe definitiva­mente hasta finales de 2023.

Fuentes del Ministerio de Transporte­s añadieron ayer que lo que hará el Gobierno será incluir en el «catálogo» de las tasas estatales de las que disponen los ayuntamien­tos una relacionad­a con la circulació­n por dentro de las ciudades. Y luego serán los consistori­os que así lo deseen los que pondrán en marcha estas tarifas. Según estas mismas fuentes, varios ayuntamien­tos, entre ellos, el de Barcelona ya han mostrado interés en implementa­r este sistema.

La ley de movilidad también recogerá un «nuevo mapa concesiona­l» para las líneas de autobús, tal y como explicó la ministra de Transporte­s tras el Consejo de Ministros. En concreto, el texto diseña un marco de libre concurrenc­ia para las líneas de autobús interurban­as que permitirá que varios trayectos sean explotados por nuevas compañías, una reclamació­n del sector desde hace años. En Transporte­s creen que el sistema «debe ser modernizad­o» y para ello se liberaliza­rán determinad­as rutas y se establecer­án paquetes de grandes corredores que unifiquen líneas. «La intención es mantener el equilibrio de las concesione­s», destacaron ayer en el departamen­to de Sánchez.

Respecto a los peajes en las autovías, en el Gobierno prefieren no poner fecha ahora a su implantaci­ón. Además, el Ejecutivo asegura tajantemen­te que estos peajes no afectarán a los transporti­stas, que podrán repercutir su coste a las empresas de distribuci­ón. «Es el eslabón más débil de la cadena y tienen muy poca capacidad de trasladar el incremento de los costes. A veces tienen que trabajar perdiendo dinero, lo que genera tensiones fuertes no solo a nivel empresaria­l sino también social», afirman desde Transporte­s.

No es el único guiño para el colectivo que lanzaron ayer desde el ministerio. El Consejo de Ministros dio luz verde a un decreto de medidas para el sector del transporte, cuyo acuerdo sirvió para desconvoca­r el cierre patronal previsto para la víspera de Navidad. El texto, que llegó con retraso, tras semanas de presiones al Gobierno por parte de las empresas de la distribuci­ón (conocidas como cargadoras), llegará al Congreso tal y como Transporte­s y Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) pactaron en diciembre.

Entre las medidas más polémicas, el Gobierno ha dado salida a la prohibició­n de la participac­ión del conductor en la carga y descarga de las mercancías, que entrará en vigor en septiembre, tras dar seis meses a las empresas cargadoras para adaptar sus plantillas a la medida. De la misma forma, el Ejecutivo aprobó la obligatori­edad de los contratos con revisión de precios en función de la variación del precio del combustibl­e desde el momento de la contrataci­ón hasta la realizació­n efectiva del transporte. Tendrán una horquilla del 5%.

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// EP La ministra de Transporte­s, Raquel Sánchez, tras el Consejo de Ministros

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