La ley de vivienda queda en el aire por el rechazo total de los nacionalistas

► ERC, PNV, PDECat y Junts denuncian que invade competencias y piden su retirada

La ley de vivienda ha conseguido solventar las disputas políticas entre PSOE y Unidas Podemos y el informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero esto no significa, ni mucho menos, que su aprobación definitiva esté asegurada. El anteproyecto de la ley todavía tiene que superar el que probablemente sea el obstáculo más complejo: su aprobación en las Cortes, prevista inicialmente por el Gobierno para octubre.

Porque al esperado rechazo de PP, Vox y Ciudadanos se suma la oposición inicial de la mayoría de socios del Gobierno: ERC, PNV, PDECat y Junts. El primero de ellos lanzó un duro aviso ayer al Ejecutivo al presentar una sorprendente enmienda a la totalidad al anteproyecto. ERC cree que el ámbito competencial del Estado en materia de vivienda debe limitarse a la legislación procesal, la civil y las obligaciones contracturales y recuerda que «todas las comunidades tienen asumida en sus estatutos de autonomía, sin excepción, la competencia plena en materia de vivienda», informa Efe.

El resto de partidos nacionalistas también han presentado enmiendas a la totalidad. Y todos ellos por la misma razón: la supuesta intromisión del Estado en competencias autonómicas. «El texto legislativo propuesto incurre en evidentes excesos, tanto en lo que hace a su contenido sustantivo allí donde pretende actuar en ejercicio de títulos competenciales transversales, y en absoluto atributivos de competencias, como es el caso de los preceptos sometidos a regulación», destaca el PNV en su enmienda, presentada el lunes en el Congreso de los Diputados.

El partido nacionalista abunda en este asunto al asegurar que «la garantía de la igualdad no autoriza al Estado a la superposición de su iniciativa legislativa estatal sobre la preexistente o posible de la legislación autonómica, a la que en gran medida viene a pretender sustituir de forma innecesaria». Es por ello que el PNV, que cita en varias ocasiones el informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial contra la ley de vivienda, pide la devolución del texto aprobado. La mención al órgano de poder de los jueces no es casual. Uno de los vocales del CGPJ encargado de elaborar el demoledor informe que desmontó el anteproyecto, José Antonio Ballesteros, fue propuesto precisamente por el partido nacionalista vasco.

El PDECat tiene una opinión similar. «A nuestro parecer, y tal como fundamenta el mismo informe del CGPJ, este proyecto de ley se extralimita claramente en diferentes aspectos, produciéndose una invasión competencial que desde nuestra perspectiva no es admisible». El partido se ha mostrado

El Gobierno contempla la opción de incluir, vía enmienda, sanciones para los grandes propietarios que no apliquen la ley

especialmente crítico con los controles del alquiler; tanto los que pretende implantar el Gobierno como los que llevan vigentes desde hace algo más de un año en Cataluña. Una medida que, según ha destacado el portavoz del PDECat en el Congreso, Ferran Bel, «lejos de incrementar la oferta de pisos de alquiler, la ha reducido».

Mientras, Junts defiende que la reforma supone el «desmantelamiento, por la vía de la articulación transversal y multidisciplinar, de las regulaciones legítimamente impulsadas, aplicadas y vigentes en Cataluña».

Las dudas con la ley de vivienda llegan incluso al propio Gobierno. Porque si bien se da por hecho que Unidas Podemos apoyaría su aprobación, lo cierto es que la formación morada pide, en público y en privado, un paso más al partido socialista para endurecer el anteproyecto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros.

Unidas Podemos, con el apoyo de ERC, ha hecho suyas las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinos, que presiona al Ejecutivo para que suavice los requisitos para que las comunidades impongan límites a los precios del alquiler. La asociación también reclama que los grandes propietarios que se salten estos controles sean sancionados, un extremo que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que valorará durante la tramitación de la norma.