INTERVENCIONISMO ENCUBIERTO
El sanchismo no aprende de los errores, ni de lo que ocurrió con las cajas de ahorros: se politizaron y acabaron siendo la coartada de antiguos políticos para ganar dinero
BIEN sea por la vía del rescate, con hasta 2.040 millones de euros, bien sea por la colocación de políticos afines en los consejos de administración de empresas públicas, semipúblicas e incluso privadas, la colonización política e ideológica que lleva a cabo el Gobierno de compañías estratégicas españolas es llamativa. Esa colonización se ha convertido en una obsesión de La Moncloa, que poco a poco, y aprovechando las estrecheces económicas que la pandemia ha causado en diferentes sociedades, está ganando amplias cuotas de poder. El Gobierno ha entrado ya en el accionariado de 29 empresas y ahora intenta ampliar su participación en Indra. En más de la mitad de esa treintena de empresas, el progresivo control accionarial se canaliza a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ‘holding’ mediante el que el Gobierno controla Correos y Navantia y participa sensiblemente de Enagás, Red Eléctrica o la propia Indra. Esta expansión tiene su base en el llamado Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas que dirige la SEPI, y que se creó durante los peores momentos de la pandemia para proveer de préstamos participativos y ayudas a esas empresas, eso sí, a cambio de colocar a miembros afines en sus consejos de administración. De momento, y hasta ahora, el Gobierno se ha garantizado la colocación de 1.500 millones en firmas estratégicas, y en el supuesto de que algunos de esos préstamos no pudiesen ser devueltos al Estado, el Gobierno aumentaría su poder en ellas por vía accionarial, tal y como ahora permite Bruselas.
A su vez, y en paralelo, un segundo proceso consiste en enchufar a afines del PSOE, y muy en particular del PSC, en empresas y organismos en los que el Estado asume su participación. Es lo que ocurre en la Sareb, el llamado ‘banco malo’ creado para absorber los activos tóxicos inmobiliarios de la banca, y en cuyo accionariado participan los bancos y las aseguradoras en un 54,1 por ciento, y el FROB –es decir, el Estado– en el 45,9 por ciento restante. Ahora el Gobierno se ha permitido una modificación legislativa que le llevará a comprar parte del accionariado a las entidades bancarias, de modo que el Estado podrá superar con creces el 50 por ciento del capital social y ser accionista mayoritario. Aunque ese proceso aún no se ha producido, lo cierto es que el reciente nombramiento de Pau Pérez, vinculado al PSC en el Ayuntamiento de Sitges, como nuevo director de Gestión de Vivienda Social y Asequible, apunta en esa dirección. No es un caso único. De hecho, se ha repetido con Pedro Sánchez en La Moncloa de manera continua, por ejemplo, con Alejando Colldefors en el Consorcio Alta Velocidad Meca Medina; con Arturo Gonzalo Aizpiri como consejero delegado de Enagás; Marc Murtra en Indra; Maurici Lucena en AENA; Beatriz Corredor, exministra de Rodríguez Zapatero, al frente de Red Eléctrica; con el antiguo diputado socialista Joaquín López en SAES; o con la exsenadora Susana Hernández en Sainsel, empresa de la que Indra dispone del 45 por ciento.
No es solo la política del ‘dedazo’. Es la ideologización sin descanso de empresas que necesariamente deberían ser neutrales, y no una cuna para acomodar o premiar a amigos del partido. No se aprende de los errores. Ocurrió con las cajas de ahorros: se politizaron, acabaron siendo la coartada de antiguos políticos para ganar dinero, y se desechó a los auténticos gestores para favorecer el nepotismo. ¿El resultado? La corrupción y la quiebra de la inmensa mayoría de ellas.