El Congreso posterga los nombramientos en Protección de Datos entre dudas por el proceso
► Ciudadanos pide a la Mesa que reconsidere la tramitación del acuerdo del Gobierno
Sin motivo aparente, pero con un mar de dudas de fondo, la Comisión de Justicia del Congreso no se reunirá este miércoles, como estaba previsto según diversas fuentes parlamentarias, para abordar los nombramientos pendientes en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). No hay explicación ni nueva fecha en el horizonte, pero sí un controvertido procedimiento legal que se examina con lupa.
Este diario publicó el pasado miércoles cómo el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos trata de descargar en la Cámara Baja su responsabilidad para elegir al presidente y a su adjunto en la
AEPD, a pesar de que el decreto ley que aprobó el Estatuto de este organismo solo confiere al Parlamento labor de ratificación.
La cuestión es que, nuevamente, el acuerdo entre el PSOE y el PP para los dos puestos que debían renovarse se hizo público antes del proceso. Desde hace meses se sabe que Belén Cardona, a propuesta socialista, será la nueva presidenta de la AEPD y que Borja Adsuara, a propuesta popular, será su adjunto. Los nombramientos los hace el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Justicia y, después, los ratifica en comisión el Congreso.
En octubre, en el contexto de la renovación de órganos constitucionales pendientes, el PSOE y el PP hicieron públicos los nombramientos en el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la AEPD. El problema radica en que la orden por la que se convoca el proceso selectivo es casi un mes posterior al anuncio de que Cardona y Adsuara ocuparán los puestos.
En la orden, además, se introduce la variante de que, con el supuesto objetivo de evitar «devoluciones» del Consejo de Ministros, cada propuesta del comité de selección de Justicia iba a incluir tres candidatos. Figuran Cardona y Adsuara –cuyos currículos, para su futuro cometido, cuestionan fuentes parlamentarias consultadas por ABC–, pero no se evalúa de ninguna manera su mérito ni idoneidad.
El siguiente asunto espinoso es el hecho de que el Gobierno, en vez de nombrar a los candidatos y remitirlos al Congreso, envió a la Mesa de la Cámara las propuestas que recibió de Justicia para que sea el Parlamento quien los vote.
Los apartados 2 y 3 del artículo 22 del Estatuto de la
AEPD, regulado por un real decreto y, por tanto, con mayor rango legal que una orden ministerial, no recoge que haya tres propuestas por candidatura. Establece que el comité de selección eleva una propuesta al Consejo de Ministros, que puede devolverla por no resultar idónea o remitirla al Congreso para su ratificación por mayoría cualificada de dos tercios.
Ciudadanos la semana pasada, exigió a los letrados del Congreso que se pronuncien sobre el procedimiento, después de que la Mesa hubiese remitido ya a la Comisión de Justicia el acuerdo del Gobierno. Y el viernes, el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Edmundo Bal, reclamó a la Mesa una reconsideración sobre la tramitación. En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, Cs refleja entre otras cosas que Cardona ocupa en la actualidad «un alto cargo de carácter político» en la Generalitat Valenciana, o que el supervisor europeo de Protección de Datos Wojciech Wiewiórowski ya ha transmitido su preocupación por «interferencias políticas» en la renovación de la AEPD.