Las autonomías denuncian el agujero que les hace el IVA de los fondos UE
► Este impuesto que acompaña a los proyectos en teoría no se puede financiar con dinero comunitario ► Las comunidades claman contra Hacienda por esta situación y el ministerio promete una solución
El Estado gana dinero y las comunidades lo pierden. Esta es la principal queja que se ha desatado ahora entre las autonomías a cuenta de los fondos europeos. Otro problema más en la gestión del dinero comunitario que le surge al Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva tiempo recibiendo las denuncias de las regiones a cuenta del IVA que deben soportar.
El destino de los fondos europeos se divide entre licitaciones y subvenciones/ayudas. Las primeras son proyectos, contratos, que se adjudican a una o varias empresas. Por ejemplo, para digitalizar un organismo, o para crear aplicaciones informáticas. Las segundas, una subvención para adquirir vehículos eléctricos. En muchos casos los proyectos los saca la Administración General del Estado y en otros son las comunidades autónomas, en su papel de ejecutoras de los fondos –como publicó ABC–, las que sacan las licitaciones.
Dichas licitaciones, tanto las que publica el Estado como las de las autonomías, están sujetas a IVA, de un 21%. Y aquí es donde surge el problema para las comunidades. Fuentes autonómicas de Madrid, Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana destacan que este impuesto no puede ser financiado con el dinero comunitario (en base a las directrices dadas desde Bruselas), sino que en cada proyecto el IVA sale de las arcas autonómicas, generando un agujero en sus presupuestos.
«El Reglamento 2021/241 de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) no contiene ninguna previsión en cuanto al tratamiento del IVA. Tampoco lo incluyen otras disposiciones comunitarias posteriores en relación a los fondos», indican al unísono desde varias autonomías consultadas.
«Por lo general no se financia el IVA. Eso supone un perjuicio para las CC.AA., que se ven obligadas a cubrir esa parte del gasto con recursos propios. Y es algo que al Ministerio de Hacienda ya se le ha advertido por parte
de muchas de nosotras», señalan desde la Consejería de Hacienda de Andalucía.
Se ha planteado al Gobierno la situación en diferentes conferencias sectoriales de cada ministerio y distintos foros públicos pero aún no han recibido una solución, sino solo más confusión.
Impacto en el turismo
La Comunidad de Madrid se une a esta denuncia y detalla el roto en sus cuentas en hasta 250 millones de euros. Y tienen clara la directriz que llega desde Europa. «Aunque no hay constatación por escrito, la Comisión Europea, consultada al respecto, ha rechazado la posibilidad de que con cargo al Mecanismo de Recuperación se pueda financiar el IVA que se devengue en las operación de ejecución de los proyectos. Esto supone un impacto presupuestario para las comunidades autónomas que el Estado, mediante el sistema tributario, va a ingresar», indican a ABC desde la Consejería de Hacienda de la región madrileña.
La Consejería de Cultura de esta región lleva desde julio reclamando al Gobierno que aclare si el sector turístico estará exentos del 21% de IVA. De no ser así calculan que podrían perderse 34,4 millones en ayudas para un sector en que Madrid representa el 7% del PIB.
En la Consejería de Hacienda de
Murcia también denuncian la misma situación e incluso han ido más allá al haber remitido una carta oficial a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidiendo solucionar el problema. Porque las autonomías tienen entendido que el IVA no se puede pagar con fondos europeos, pero el Gobierno les induce a confusión en algunos casos.
Murcia –como también hacen Madrid y Andalucía–se queja en la misiva de que en algunos casos el Ejecutivo les dice que sí pueden pagar el IVA con dinero comunitario y en otros que no: «La disparidad de criterios sobre la elegibilidad del IVA en las distintas normas estatales hasta ahora publicadas en aplicación del MRR, así como en las respuestas dadas a las consultas que se han planteado desde los distintos centros directivos de la CARM a los correspondientes ministerios, no hacen sino aumentar las dudas interpretativas sobre la cuestión, ya que se puede afirmar que, por parte de la Administración General del Estado, no se está aplicando un criterio claro y unificado en el tratamiento que se le debe dar a la financiación del IVA».
Como ejemplo, las fuentes autonómicas consultadas apuntan a las diferentes posturas: en el Ministerio de Transportes se apunta a que el IVA no es elegible para ser financiado con fondos europeos, y en el Instituto para la Diversificación
y Ahorro Energético (IDAE) ocurre lo contrario. «El Gobierno de España está arrojando mucha incertidumbre sobre esta cuestión a las administraciones afectadas, que solicitan algún tipo de compensación por parte del Estado», indican fuentes de Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Petición de soluciones
A la vista de los acontecimientos, las comunidades exigen a Hacienda que clarifique oficialmente el problema del IVA y ponga una solución si no es financiable con cargo al Mecanismo de Recuperación. Asimismo, las regiones han planteado ya varias soluciones a Montero, como la creación de un fondo de compensación que habría de estar dotado con cientos de millones de euros.
En Hacienda, por su parte, según ha podido averiguar este periódico, son conscientes del problema de criterio que hay entre unos organismos y otros, además del desembolso que supone esto para las autonomías. En este sentido, en el ministerio están estudiando ya diferentes opciones para evitar trastocar los presupuestos autonómicos, más aún ahora que el Ejecutivo vende ya que 2022 se cogerá «velocidad de crucero» en la ejecución.
Dificultades de gestión
Asimismo, este no es el único problema de gestión que tienen las comunidades autónomas respecto a los fondos europeos. Las comunidades, como publicó ABC, también se quejan de que el Ejecutivo las ha relegado al rol de meras ejecutoras de los proyectos que vienen del Gobierno. Es decir, que La Moncloa dispone y ellas ejecutan en muchos casos, para cumplir los hitos y compromisos fijados en el plan de recuperación.
Las regiones destacan que no existe la cogobernanza que vende el Gobierno y llaman a tener una mayor colaboración entre administraciones. Aunque todo ello también se complica ante la atomización de proyectos, ya que el Gobierno ha convertido los fondos en una legión de miniproyectos con escaso poder transformador.