CEOE y sindicatos disuaden al Gobierno de intentar tutelar su negociación salarial
► Defienden el diálogo a dos bandas e instan a La Moncloa a aclarar su ‘pacto de rentas’
«El Gobierno impulsará un pacto de rentas entre los agentes sociales para aportar estabilidad y evitar caer en una espiral inflacionista». Ávido de subrayar el liderazgo del Ejecutivo ante la difícil situación creada por la invasión rusa de Ucrania y su inevitable impacto sobre la economía, Pedro Sánchez se presentó el pasado miércoles en el Congreso con un ‘pacto de rentas’ debajo del brazo, a modo, según lo definió entonces, de «acuerdo de país» para modular tanto las rentas salariales como las ganancias empresariales.
La propuesta, que invoca el espíritu de los célebres Pactos de La Moncloa, situaba al Gobierno en el centro de un ámbito de decisión que de natural corresponde a empresas y sindicatos. Y así se lo recordaron ayer en bloque y de forma taxativa CEOE, Cepyme, UGT y CC.OO. al presidente Sánchez y a las vicepresidentas Nadia
Calviño y Yolanda Díaz en la reunión que mantuvieron y en la que supuestamente iba a acelerarse ese ‘pacto de rentas’ contra la inflación.
«La negociación salarial tiene su carril y su autonomía. Es una competencia de los agentes sociales», subrayó el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, al salir de la reunión con el Gobierno. «El marco adecuado para esa negociación es el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva y ya hay precedentes de la capacidad de empresarios y sindicatos para ponernos de acuerdo», insistió el líder de UGT, Pepe Álvarez. «No creemos que se pueda regular todo. Hacer eso acabaría dejando sin espacio al diálogo social», advirtió Antonio Garamendi, presidente de CEOE.
Los agentes sociales no quieren injerencias en la negociación salarial y así se lo hicieron saber ayer al Gobierno, que durante los últimos días había estado jugueteando con la idea de unos nuevos Pactos de La Moncloa.
UGT y CC.OO. asumirían una subida salarial por debajo del IPC en 2022 siempre que se recupere el poder adquisitivo en 2024
El histórico acuerdo, firmado por las principales formaciones políticas, por los empresarios y por los sindicatos mayoritarios en octubre de 1977, estableció un límite a las subidas salariales para tratar de impedir que éstas retroalimentasen una inflación que por aquel entonces se movía en cifras próximas al 25%.
El Gobierno se mueve ahora entre dos temores. El expresado por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de que una traslación automática del IPC a salarios perpetúe la dinámica inflacionista; y el de que los empresarios aprovechen la reforma laboral –y la recién reinstaurada ultraactividad– para bloquear las subidas salariales y preservar sus márgenes de beneficio.
Las posiciones de empresarios y sindicatos no están precisamente próximas. Los sindicatos están dispuestos a asumir una subida de los salarios por debajo del IPC este año, si las empresas se comprometen a resarcir el poder adquisitivo perdido en los años siguientes mediante la implantación de cláusulas de revisión salarial. CEOE, por su parte, aboga por acompasar los sueldos a la productividad, lo que separaría la subida salarial del comportamiento del IPC.
Tantos unos como otros instan al Gobierno a clarificar en qué consiste ese ‘pacto de rentas’ del que habla para establecer un campo concreto de negociación. UGT y CC.OO., por ejemplo, entienden que ese pacto debería incluir alguna medida para contener el impacto de los precios energéticos sobre el recibo de la luz, medidas para proteger a los más vulnerables y también medidas de política económica, entre las que mencionan la limitación de los dividendos o la subida de los impuestos para limitar las ganancias empresariales.