España derrocha 60.000 millones de gasto público al año por burocracia y duplicidades
Los poderes públicos españoles malgastan uno de cada siete euros que tienen a su disposición por las ineficiencias generadas por el exceso de burocracia, la falta de evaluación de las políticas públicas o las duplicidades entre administraciones. Sólo con que la gestión pública doméstica se igualara al estándar de eficiencia que acreditan el conjunto de los países de la Unión Europea se podrían prestar los mismos servicios públicos que ahora por 60.000 millones de euros menos.
La brecha de eficiencia del gasto público en España sitúa a la Administración nacional entre las más ineficientes del mundo desarrollado, según el indicador elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el ‘think tank’ vinculado a la CEOE, al nivel de Hungría, Eslovaquia o Grecia, y muy lejos de las principales economías globales.
El informe del instituto detecta debilidades de cooperación y coordinación entre distintos niveles de la Administración, exceso de burocracia, escasa colaboración público-privada y carencias en el campo de la corresponsabilidad fiscal.
Lagunas que de abordarse, asegura el IEE, permitirían cerrar el déficit fiscal español sin necesidad de subir los impuestos a los contribuyentes. El instituto asegura que la del gasto público es la gran reforma fiscal pendiente en España y reivindica el control del gasto público como una política mucho más eficiente desde el punto de vista económico que la subida de impuestos.
Los datos que baraja el informe señalan que un incremento de impuestos equivalente a un punto del PIB (unos 10.000 millones de euros) resta un punto a la eficiencia económica, en tanto que un recorte similar del gasto público apenas tiene impacto sobre la eficiencia de la economía española.
Para lograrlo, el IEE plantea un decálogo de medidas, que incluyen la mejora de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, la profesionalización de la gestión, la evaluación de las políticas públicas, el impulso de la colaboración público-privada, el impulso de la corresponsabilidad fiscal entre Administraciones, la reducción del papeleo, una mayor flexibilidad en el empleo público, el ajuste de los presupuestos a la ejecución de las partidas, la digitalización del sector público y la incorporación del principio de tratar a los usuarios de servicios públicos como clientes.