LA FISCALÍA ABRE UNA INVESTIGACIÓN QUE OFRECERÁ A TRIBUNALES EUROPEOS

Sin que todavía se sepa si resultará de utilidad para el futuro, la Fiscalía General del Estado estudia ya fórmulas para que España pueda contribuir, en su caso, al enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad en Ucrania. Aquí se enmarca el decreto que ayer firmó la fiscal general incoando diligencias preprocesales de investigación y encomendándolas al fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

Estas diligencias, explica la Fiscalía General, tienen por finalidad «establecer un marco jurídico que proporcione soporte a las actuaciones que a partir de este momento se puedan llevar a cabo, bien por propia iniciativa, bien como parte activa de la cooperación internacional». Se trataría de «garantizar la integridad de los elementos de prueba» y desarrollar «investigaciones pertinentes para ponerlas a disposición ante la jurisdicción competente cuando fuera necesario y pertinente». De ese acerbo probatorio podrían formar parte, por ejemplo, declaraciones de víctimas y testigos.

El movimiento de la Fiscalía General se produce apenas tres días después de la reunión que mantuvo Delgado con su homónima ucraniana. De momento la persecución de estos delitos en España se antoja difícil, sobre todo teniendo en cuenta que una reforma legal limitó la jurisdicción universal a causas en las que la persona a la que se impute el delito esté en suelo español o que las víctimas tengan esta nacionalidad.

«Violaciones graves»

El decreto firmado ayer por Delgado reconoce que la reforma de esta ley orgánica «supuso una restricción a las facultades de los tribunales españoles para luchar contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional», pero nuestra Constitución, añade, «establece una serie de principios claros a la hora de interpretar el valor, alcance e incidencia de los tratados internacionales». En este caso, el decreto recuerda que «la agresión que padece la nación soberana de Ucrania no solo es un acto de guerra injustificada y, por tanto, no amparado en normativa internacional alguna, sino que además de la violación de su soberanía se están originando otras violaciones graves del derecho internacional humanitario».