Las economistas exigen regular ya el paro para empleadas de hogar

Legislar para que las empleadas de hogar tengan acceso cuanto antes al paro es una de las medidas urgentes para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, según la Comisión de Género del Consejo General de Economistas de España (CGE). Esta «grave discriminación por razón de sexo» fue la principal denuncia ayer de las economistas durante una sesión que, en coincidencia con la celebración del Día Internacional de la Mujer, desgranó la normativa laboral sobre género en España.

Lo cierto es que a pesar de las promesas de los diferentes gobiernos, las trabajadoras domésticas dadas de alta en la Seguridad Social siguen sin tener derecho a la prestación por desempleo. «A diferencia de otro tipo de relaciones laborales prestadas en domicilios y con características similares al trabajo doméstico, como chóferes o jardineros, las empleadas de hogar no tienen cobertura de desempleo», criticaron desde el CGE.

Por ello, las economistas exigieron al actual Ejecutivo que se regule «de manera inmediata» esta ayuda para que las trabajadoras domésticas puedan cobrar ya la prestación por desempleo. La petición está en línea con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que establece que el sistema español es discriminatorio por no reconocer el derecho a cobrar el subsidio de desempleo a estas trabajadoras y deriva en una situación de «desamparo social» para este colectivo. Hace unos días, el Ministerio de Trabajo se mostró receptivo a «cambiar la situación laboral actual de las empleadas de hogar, y hacerlo sin demora es una prioridad». Además, la presidenta de la Comisión de Género del CGE, María del Carmen Sampayo, explicó que «queda un largo camino por recorrer en materia de género en el ámbito laboral», y citó, por ejemplo, que por un trabajo de igual valor, la brecha salarial de género en la UE sea del 14,1% o que solo cinco de las 35 empresas del Ibex tengan un plan de igualdad en vigor.

Sampayo también denunció que solo uno de cada seis empresas obligadas a ello tengan registrados un plan de igualdad o que solo 5.000 de las 30.000 empresas con más de 50 trabajadores hayan depositado sus programas de igualdad.