El juez del caso Gali anticipa el archivo pese a creer que Sánchez dirigió la operación
Desimputa al jefe de gabinete de Laya y no ve indicios suficientes contra la exministra, a falta de unas últimas diligencias
El caso Gali pierde fuelle en la jurisdicción penal. Tras diez meses de diligencias contra la exministra Arancha González Laya y el que era su jefe de gabinete en Asuntos Exteriores, Camilo Villarino, el juez zaragozano Rafael Lasala dice ahora que no hay indicios suficientes para mantener como imputado a Villarino y anticipa una más que probable desimputación de Laya. Así consta en un auto que se conoció ayer, en el que, sin embargo, el magistrado se despacha apuntando por convicción personal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero reconociendo que no ha sido capaz de encontrar pruebas ni indicios ciertos de su intervención en estos hechos.
El juez dice que, aplicando la lógica y el escalafón competencial que regula la Ley del Gobierno, solo el presidente pudo haber dado luz verde y dirigir una operación clandestina de este calibre en la que intervinieron instancias de varios ministerios. «La decisión última correspondía al presidente del Gobierno», afirma Lasala en su auto. Pero, al no haber podido probar con indicios sólidos que fuera así realmente, el magistrado no promueve imputación alguna contra Sánchez y deja entrever que está cerca el archivo de la causa. El juez destila cierta frustración al haberse topado con el muro de los secretos oficiales, al que persistentemente ha recurrido la abogada del Estado que el Gobierno designó para defender a Laya y a Villarino. La exministra se ha negado en todo momento a desvelar quién tomó la decisión última de activar esta operación.
Laya y el que fue su jefe de gabinete estaban investigados por los presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad, por haber coordinado esa operación que urdió el Gobierno para introducir furtivamente en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Se ocultó su presencia en nuestro país, donde tenía causas pendientes en la Audiencia Nacional por genocidio, terrorismo y torturas, entre otros delitos.
Varios ministerios
Aquella entrada clandestina fue llevada a cabo a través de la Base Aérea de Zaragoza, con la colaboración del Estado Mayor del Aire (Ministerio de Defensa) y con cobertura de agentes del Ministerio del Interior. El saharaui Gali llegó enfermo de Covid, en un avión de la
Presidencia de Argelia –cuyo régimen le protege– y fue trasladado al hospital de Logroño, donde el Gobierno riojano de la socialista Concha Andreu le había procurado plaza: fue ingresado con identidad encubierta, con un pasaporte amañado a nombre de Mohamed Benbatouche, un supuesto embajador jubilado.
Esta operación clandestina se llevó a cabo el 18 de abril del año pasado. Pocos días después, la presencia de Gali en el hospital de Logroño se filtró a través de los medios de comunicación y se desató una grave crisis diplomática entre España y Marruecos. Y, en cuestión de semanas, la Audiencia Nacional daba carpetazo a las causas que pesaban contra el líder del Polisario. Sin embargo, el 31 de mayo el juez Lasala admitía a trámite la denuncia presentada como acusación popular por el abogado malagueño Antonio Urdiales y abría diligencias, por entender que existían indicios suficientes de prevaricación, falsedad y encubrimiento.
Las conclusiones del juez
Ahora, en el auto que acaba de comunicar a las partes, el juez instructor exonera por completo a Villarino, dice que no se han hallado indicios suficientes como para mantener contra él la imputación por ninguno de los delitos que se han investigado. Y, respecto a la exministra Laya, dice que solo la va a mantener imputada por un presunto delito de prevaricación, pero el juez avanza en este mismo auto que, hoy por hoy, no tiene pruebas suficientemente sólidas para pedir su procesamiento. Aunque todavía no da carpetazo definitivo a la investigación sobre la exministra, deja entrever que puede estar próximo: «Es sumamente improbable encontrar algún indicio más, más aún cuando han sido invocados frecuentemente deberes de secreto profesional, cuando no la ley de Secretos Oficiales», dice el juez Lasala.
Concluye ahora el magistrado que no hay indicios que apunten a que Laya y Villarino conocían las causas que tenía abiertas Gali en la Audiencia Nacional y por las que había sido requerido en varias ocasiones. Tampoco cree que tuvieran una participación directa en la falsedad documental con la que se encubrió la identidad de Gali en el hospital de Logroño. Y, respecto a la prevaricación, por ordenar que se saltaran los procedimientos legales de control de fronteras, entiende el juez Lasala que ese delito «no es fácilmente apreciable, sobre todo respecto de Camilo Villarino», y cree que el indicio que pesa sobre Laya es insuficiente, pero prefiere completar alguna diligencia más.
El abogado Antonio Urdiales ha anunciado que va a recurrir este auto. Será la Audiencia Provincial de Zaragoza la que resuelva. Urdiales considera que en estos diez meses de instrucción sí han aflorado evidencias que obligan a mantener la instrucción, a depurar responsabilidades penales por esta operación clandestina del Gobierno y a mantener las imputaciones contra Laya y Villarino.