El SAS deberá pagar 2,6 millones por el daño a un bebé al retrasar una cesárea
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga ha estimado íntegramente la demanda presentada por unos padres por los graves daños causados a su hija, que tiene el 95 por ciento de discapacidad reconocida, con sufrimiento fetal en el parto por la demora en hacerle una cesárea a la madre. Por esos hechos el juez condena al Servicio Andaluz de Salud a abonar 2,6 millones de euros más intereses a los progenitores de la menor, aunque cabe aún recurso contra la sentencia.
Según se relata en la demanda, la madre acudió a Urgencias del Hospital Virgen de la Victoria el 12 de octubre de 2014, en su 38 semana de gestación, por presentar contracciones, pero fue dada de alta. La mujer acudió al día siguiente de nuevo y fue entonces ingresada en planta, donde estuvo cinco días. Durante ese tiempo, asegura el escrito presentado al juez, los padres pidieron que se practicara una cesárea a la mujer.
Sin embargo, sigue el relato de los padres, no fue hasta el quinto día de ingreso a las siete y media de la tarde cuando se le inició el protocolo del parto. Entonces se produjeron complicaciones que llevó a practicar la cesárea.
El informe de la familia señala que la madre sufrió en el proceso un desprendimiento de placenta con pérdida y falta de oxígeno en la bebé. Así, la niña nació en parada cardiorrespiratoria y hubo que intubarla y ponerle una dosis de adrenalina. Ante los daños que había sufrido, se la trasladó al hospital Virgen de las Nieves de Granada. Finalmente, producto de la gestión del parto, señala la familia, la menor sufre un 95 por ciento de discapacidad.
Secuelas en la niña
El juzgado reconoce íntegramente la cantidad pedida en demanda, más de 2,6 millones, pues «el sufrimiento fetal perinatal le ha originado secuelas como tetraparesia, encefalopatía hipóxico-isquémica espásticodistónica, trastorno cerebro motor, epilepsia no controlable, gastrectomía total, dependencia total, intervenciones quirúrgicas y discapacidad de un 95%, con total dependencia de sus padres, necesitando todo tipo de cuidados especiales y pérdida de calidad de vida». Tanto el informe pericial de ginecólogo aportado con la demanda, como el perito judicial ratificaron «el mal funcionamiento de la administración sanitaria y la existencia de negligencia médica, ratificado por la sentencia.