La Fiscalía Europea indaga el desvío de dos millones de la UE en la residencia de Almería
► Pone el foco en los 14,7 millones que manejó el Grupo de Desarrollo Rural de Los Vélez, investigado por un juez
La Fiscalía Europea ha puesto en su punto de mira el centro asistencial para mayores con alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas de Chirivel, en Almería, que recibió una subvención de casi dos millones de euros cofinanciada con los Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural (Feader). Después de cuatro años y medio funcionando con una autorización provisional de la Junta de Andalucía, las instalaciones cerraron de forma atropellada en mayo de 2018. En los días previos fueron desalojados sus 120 pacientes. El centro, que se construyó con el apoyo del Gobierno socialista de Susana Díaz y con la vocación de ser el primer recinto especializado de Andalucía, es hoy un edificio abandonado y tomado por la vegetación. El dinero público no se ha recuperado.
La Guardia Civil atribuye a 15 personas supuestos delitos de fraude de subvenciones, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal en una causa abierta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vélez-Rubio. El informe policial sostiene que en torno al Grupo de Desarrollo Rural de Los Vélez (Aprovélez), que canalizaba las ayudas aprobadas por la antigua Consejería de Agricultura y Pesca, se articuló una «organización delincuencial» para distraer «de forma obscena» el dinero público en beneficio de los socios de la empresa promotora del proyecto (el Grupo Previndal Salud SL) y la gerente del GDR, que supervisaba la inversión. Esta actuaba «en connivencia» con funcionarios y políticos como el exalcalde socialista de Chirivel (2007-2011) Cristóbal Aránega. Entre los años 2000 y 2020, el GDR ha recibido en total 14.698.887 euros, según el volumen de los ingresos declarados por la entidad a la Agencia Tributaria, «lo que puede indicar la ingente cantidad de dinero que podría haber sido desviada o malversada en base al volumen manejado», según advierte la Guardia Civil en su atestado.
La Fiscalía Europea, que cuenta con una sede en Madrid, envió el pasado 3 de noviembre un escrito al juzgado que instruye la causa por el que le requiere «en el plazo de diez días» abundante documentación que obra en el sumario. En el oficio dirigido al órgano judicial, las fiscales europeas delegadas muestran su interés en colaborar en la investigación. «Habiéndose tenido conocimiento de que por alguno de los hechos y presuntos delitos objeto de las actuaciones pudieren seguirse diligencias» en el citado juzgado, la Fiscalía Europea «podría ejercer su competencia y mérito», señala. En su escrito apelan a la ley que regula la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. Reclama al juez el auto de incoación de las diligencias previas, la denuncia de la trabajadora del GDR que dio origen a la causa, información sobre los hechos que se investigan y la fecha en que se produjeron, así como la última resolución judicial y el atestado policial.
El pasado mes de enero, el fiscal de la Audiencia Provincial de Almería designado en este caso remitió un escrito al juzgado en el que expone que «las irregularidades investigadas más significativas y numerosas» se producen entre los años 2007 y 2013, «cuando el GDR tenía capacidad resolutiva de los fondos públicos puestos a su disposición».
El centro geriátrico cerró en mayo de 2018, cuatro años y medio después de recibir los fondos europeos para su puesta en marcha
A partir de 2014, esa competencia corresponde a la Consejería de Agricultura. Para este fiscal, el supuesto desvío de la ayuda concedida a la residencia geriátrica y otras actuaciones podrían «estar prescritos al haber transcurrido más de diez años o cinco años desde su comisión hasta que sus posibles responsables penales adquieren la condición de investigados». Dicho plazo empieza a contar desde el 20 de octubre de 2021. Sin embargo, el último pago al grupo promotor del centro se realiza en 2015, por lo que no había transcurrido el plazo para perseguir un supuesto delito de malversación. El abogado de una de las partes, José Juan Martínez Navarro, se ha opuesto a esta pretensión del fiscal.
El Ministerio Público solicita varias diligencias sobre hechos que revisten menos gravedad como el posible cobro de dietas indebidas por parte de empleados del GDR para hacer un máster en la Universidad de Córdoba. Además, reclama un informe sobre las irregularidades detectadas en Aprovélez a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura en Almería.