El TSJM condena a la Fiscalía por negar documentos a Stampa
Impone las costas porque le obligó a reclamar en los tribunales
El fiscal podría recurrir si entiende que la información facilitada no es el testimonio «íntegro»
Primer pronunciamiento judicial en el llamado caso Stampa. La Sección Séptima de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado en costas a la Fiscalía General del Estado por haber negado al fiscal Ignacio Stampa acceso a la documentación donde figuraban las ‘sugerencias’ que el jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García, estaba enviando al fiscal jefe de Madrid para que siguiese investigándole por revelación de secretos, cuando él pedía cerrar el asunto.
Este es el primero de los tres contenciosos que abrió Stampa por la falta de transparencia en el acceso a documentación que le afectaba. El recurso data de mayo de 2021, cuando agotó la vía administrativa reclamando que le diesen acceso a las órdenes o instrucciones que hubiese dictado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para prolongar la investigación que estaba abierta en su contra.
Tal y como reveló ABC, la fiscalía madrileña pidió hasta cuatro veces el archivo del asunto al no encontrar sombra de duda en la actuación del fiscal. Tres veces le contestó el jefe de la Secretaría Técnica, la mano derecha de Delgado, ‘sugiriéndole’ practicar más averiguaciones. A la cuarta, lo que hubo fue un intercambio de borradores respecto de la propuesta de archivo elevada por el fiscal jefe de Madrid, Jesús Caballero Klink. La versión final excluía las consideraciones y los testimonios más favorables para Stampa.
Al tener conocimiento de esta intervención, reclamó a la Fiscalía de Madrid que le diese acceso a las instrucciones que había recibido de sus superiores jerárquicos en la Fiscalía General del Estado y recibió un no por respuesta. Lo mismo que le contestó el propio Álvaro García por decreto en marzo del año pasado cuando le negó acceso a las comunicaciones aduciendo que se incardinaban en el mecanismo de dación de cuentas del Ministerio Fiscal y eran reservadas.
Con la demanda ya admitida a trámite en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y habiéndose posicionado en contra la Abogacía del Estado, el jefe de la Técnica accedió en diciembre del año pasado a proporcionar «testimonio íntegro de los expedientes gubernativos» reclamados «atendiendo a las singularidades del caso y los hechos posteriores acaecidos a la previa
denegación» y «confirmando que la documentación de carácter interno y reservada de las comunicaciones derivadas de la dación de cuentas no puede trascender a terceros».
En un auto adelantado ayer por ABC, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid razona que esa resolución se ajusta en los términos a lo que reclamaba Stampa y da el asunto por resuelto en vía extraprocesal, es decir, al margen del litigio. Sin embargo, considera que debe condenar en costas a la Fiscalía General del Estado igualmente porque denegó el acceso a la información forzando al fiscal a recurrir en los tribunales.
«Obligado» a litigar
«En el presente caso, habida cuenta de la inicial resolución denegatoria expresa de la Administración, que ha obligado al recurrente a acudir a la vía judicial para satisfacer sus pretensiones, con posterior reconocimiento de las mismas, ya avanzado el procedimiento, mediante un acto en sentido contrario, entiende la Sala que procede la condena de la Administración al pago de las costas procesales», señala el TSJ.
La imposición se queda en un máximo de 1.000 euros, eso sí, por «todos los conceptos comprendidos en ellas, más IVA si procediere, atendiendo a tal efecto a las circunstancias y complejidad del asunto, a la actividad procesal desplegada, y a la dedicación requerida para su desempeño».
Contra la resolución, no obstante, cabe recurso, el que podría interponer Stampa si considera que la documentación proporcionada por García el pasado diciembre, contra lo que decía el decreto que da por bueno el tribunal, no es testimonio «íntegro» de las actuaciones.
Quedan dos litigios más en tramitación por reclamación de acceso a documentación relativa con su expediente, igual que la reclamación patrimonial a Justicia por el «anómalo» funcionamiento de la Fiscalía en su caso que viene denunciando.