El juez cree que expulsar a una alumna por pintar una bandera de España no es delito
►Absuelven a la docente al entender que «no quiso agredirla» pese a zarandearla tras escribir ¡viva España! en un trabajo del colegio
«¿Qué lesiones debería tener una alumna para que fuera considerada agresión?»
El centro impulsó un juego en el que se sancionaba a los estudiantes que no hablaban catalán
Apartar a una alumna de su silla, alzarla por las axilas y expulsarla de la clase por pintar una bandera de España no es una agresión ni un motivo de sanción. La Justicia ha dictado ya un veredicto para la profesora de la escuela Font de l’Alba de Tarrasa (Barcelona), acusada de agredir, en junio de 2020, a una alumna de 10 años por dibujar una rojigualda con la frase ‘¡Viva España!’ en un trabajo de fin de curso.
El juez que instruye el caso, que en un auto previo de 15 de marzo de 2021, adelantado por ABC, ya redujo la presunta agresión a un «delito leve de lesiones», ha absuelto finalmente a la docente, a la que la Generalitat abrió un expediente a los pocos días de conocerse los hechos (quedó en suspenso en espera de que concluyera el proceso) y apartó provisionalmente del aula de la alumna afectada. Cuando estalló la polémica, la familia de la menor decidió trasladarla a ella y a sus dos hermanas a otra escuela, con la intención de paliar el estrés sufrido por la pequeña y para evitar nuevas represalias pese a que la Generalitat les garantizó que su hija no la tendría de tutora en todo el curso.
En su fallo absolutorio, consultado por este diario, el juez considera que las versiones ofrecidas por la menor durante el proceso son «contradictorias» y que «las declaraciones de los testigos de referencia, los informes obrantes y la exploración de la menor no permiten dictar una sentencia penal condenatoria».
Concluye que, una vez revisadas las pruebas y testimonios presentados durante el proceso, «no se considera probado que la acusada empujara, golpeara o agrediera a la menor de forma alguna, ni que por las acciones de la profesora la menor sufriera lesión alguna». Igualmente, descarta «que la acusada tuviera intención de menoscabar, con ninguno de sus actos, la integridad física de la menor ni causarle algún tipo de perjuicio». El juez reconoce, sin embargo, que la menor y la docente discutieron por un trabajo escolar pero no considera que ésta la agrediera. Admite, igualmente, que el hecho de que le llamara la atención delante de la clase y la expulsara «puede ser efectivamente considerado como una situación desagradable para una alumna». Rechaza como pruebas las declaraciones de terceras personas sobre los hechos.
«Relato incoherente»
Respecto a la versión de la primera, el magistrado ve «falta de coherencia interna en el relato» y también «contradicciones», aunque una experta que testificó en el juicio certificó la credibilidad del relato de la menor. Por contra, hace constar que la versión de la profesora acusada «ha sido constante a lo largo del procedimiento». En su declaración en el juicio, la docente negó la agresión y aseguró que «apartó la silla de la menor sin brusquedad, la alzó por las axilas y la acompañó a la salida, sin que la menor cayera al suelo ni ella la cogió por el cuello en ningún momento».
«Admite que discutió con la menor, que la apartó de la silla, y que la expulsó de la clase pero, increíblemente, el juez cree que eso no es humillante para la alumna y no es una agresión», señala en declaraciones a este diario Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad que amparó a la familia en su denuncia. «¿Desde cuándo la discusión de una alumna de 10 años y una profesora que la zarandea no es una agresión?», denuncia la entidad. Recuerda, asimismo, que «hay un parte médico». «¿Qué lesiones debía tener para que fuera considerada como agresión?», señala.
Un centro polémico
Losada lamenta que se descartara en un primer auto el móvil ideológico y recuerda que este mismo centro «ya había sido motivo de polémica por un juego impulsado por la coordinadora de Estudios en el que se sancionaba a los alumnos con retirarles puntos a los que no hablaban catalán». Cs denunció los hechos. «Una de las profesoras que participó en este juego fue la docente que ahora se ha juzgado, que luce lazos amarillos en clase», subraya la responsable de la AEB.
Tal como adelantó ABC en su edición del pasado 11 de marzo, la familia reclamaba una indemnización de 3.600 euros a la docente, que, el pasado jueves, durante el primer día de juicio, negó haber zarandeado a la menor. Se trata de una cantidad «simbólica», en relación al supuesto daño físico y psicológico causado a la niña, así como el posterior gasto terapéutico recibido. Además, tanto la Fiscalía como la acusación particular pedían también una condena de tres meses de multa a razón de 12 euros diarios –1.080 euros– por estos hechos, que se remontan a junio de 2019, en la escuela Font de l’Alba.
La familia, que no ha querido calificar la sentencia, no va a interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, según ha podido confirmar este diario.
En su momento, la familia denunció la tardía reacción de la Generalitat. Cinco días después de notificarse la supuesta agresión, el departamento de Educación negó que hubiese intencionalidad política en la actuación de la docente ni tampoco maltrato físico. Sí admitió que la profesora había desbaratado ante el resto de la clase su trabajo y que la había dejado sola en el pasillo. Esto, reconoció entonces el departamento, podría constituir una falta leve por lo que a la profesora se le abrió un expediente disciplinario que se suspendió en espera de que concluyera el proceso penal.