El Gobierno ocultó a Gali pese a la orden de búsqueda de la Audiencia

∑La Policía escoltó al líder del Polisario mientras el juez Pedraz lo reclamaba como imputado cinco días antes

La operación clandestina desplegada por el Gobierno para introducir en España al líder del Frente Polisario, el saharaui Brahim Gali, fue ejecutada cinco días después de que la Audiencia Nacional ordenara buscarlo como imputado por una larga lista de delitos que incluían genocidio, terrorismo y torturas. Pero, mientras la Justicia urgía a la Policía a que lo localizara para citarlo, agentes del Ministerio del Interior le daban cobertura en su entrada furtiva en España, el 18 de abril de 2021. Así lo evidencia documentación a la que ha tenido acceso ABC y que hace unas semanas fue incorporada a la causa que instruye el juez zaragozano Rafael Lasala.

Este magistrado dirige una investigación penal desde hace diez meses, al haber apreciado indicios de prevaricación, falsedad y encubrimiento en esa operación del Gobierno: ordenó que se saltaran los controles de frontera para que no quedara registrada la entrada en España del líder del Polisario, Gali llegó y permaneció encubierto con identidad falsa, y esa ocultación le permitió esquivar la acción de la Justicia.

En un auto que se conoció el pasado lunes, el juez Lasala apunta a que al frente de esa operación estaba el presidente Pedro Sánchez, pero reconoció que no ha sido capaz de hallar indicios sólidos para sustanciarlo en la causa judicial. La Abogacía del Estado ha basado su defensa en apelar a la Ley de Secretos Oficiales y en el protector silencio de la exministra Arancha González Laya. Eso ha dificultado la investigación del juez Lasala, que acaba de desimputar al diplomático Camilo Villarino, exjefe de gabinete de Laya. Desimputado Villarino, solo sigue investigada la exministra de Asuntos Exteriores, pero el último auto del juez anticipa que puede estar próximo el archivo total de la causa, salvo que logre nuevos indicios.

Los requerimientos

Cuando el Gobierno acogió clandestinamente a Gali, sobre él pesaban varios requerimientos de localización dictados en 2013, en 2017 y en los primeros meses de 2021 por los jueces José de la Mata y Santiago Pedraz. Según esta documentación que se incorporó a las diligencias hace unas semanas, el último de esos requerimientos se emitió el 13 de abril del año pasado, justo cinco días antes de la entrada clandestina.

Esa última orden de localización la cursó el juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige Pedraz. La Policía la dio por recibida ese mismo día. Pedraz pidió que dieran con Gali para notificarle una citación como imputado, pero los policías que se encargaron no dieron con él. Cinco días después, otros agentes participaron en la entrada clandestina de Gali: fue escoltado hasta el hospital de Logroño desde la Base Aérea de Zaragoza, a donde llegó enfermo de Covid-19. Viajó en un avión de la Presidencia de Argelia. Se ordenó al personal de la base que no identificara ni anotara en frontera a Gali ni a sus acompañantes.

A principios de 2021, Pedraz ya había solicitado a la Policía que localizara a Gali para tomarle declaración por delitos de terrorismo, torturas y genocidio, entre otros. El 18 de marzo, la Comisaría General de Información le dijo a Pedraz que no habían conseguido dar con Gali en España, pero que seguirían buscándolo. Y ahora ha aflorado esa otra orden de localización que cursó la Audiencia Nacional el 13 de abril de 2021, solo cinco días antes de que el Gobierno introdujera clandestinamente a Gali en España.

Versiones contradictorias

Pedraz pidió a la Policía que localizara a Gali para tomarle declaración por terrorismo y torturas, entre otros delitos

La Audiencia Nacional cursó la citación del líder del Polisario el 13 de abril de 2021, y el 18 fue introducido furtivamente en España

Hace unas semanas, en su declaración ante el juez Lasala, el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González Jiménez, dijo que él no sabía nada de Brahim Gali y que no tuvo nada que ver en el dispositivo de seguridad y escolta que se le brindó. Afirmó que tampoco conocía las órdenes de localización que pesaban sobre el líder del Polisario, pese a que su subordinado Eugenio Pereiro, comisario jefe de Información, desveló días antes ante el juez que él sí estaba al tanto de esa entrada furtiva y que informó al DAO, que a su vez forma parte de la cúpula del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.