El juez busca a los cómplices del asesinato de Miguel Ángel Blanco
La Audiencia Nacional admite una querella contra toda la cúpula de ETA en 1997
La Audiencia Nacional ha dado un paso más para intentar resolver quién y cómo ordenó, planificó o no evitó el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el joven concejal del PP en Érmua (Vizcaya), del que se cumplen 25 años el próximo mes de julio. Así consta en el auto del Juzgado Central de Instrucción Número 6, que ayer dictó el magistrado Manuel García-Castellón para admitir a trámite la querella presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia el pasado mes de febrero. Se trata de investigar si nueve exjefes de ETA que en ese verano de 1997 formaban la cúpula de la banda terrorista tuvieron responsabilidad en este asesinato, ya fuera por ordenarlo y planificarlo como autores intelectuales, o por saberlo y no impedirlo durante las «al menos 48 horas» que Miguel Ángel Blanco estuvo secuestrado y tuvieron tiempo para evitarlo.
El magistrado añade que admite esta querella «no solo para concretar la existencia de cualquier documento o prueba en la que aparezcan indicios de las personas que, no habiendo participado en la ejecución material de los hechos, hubieran dado instrucciones para el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco», sino también para «determinar si, quienes pudiendo haberlo detenido en cualquier momento, teniendo conocimiento de la acción, no lo hicieron». De hecho, el juez afirma que «en pocos casos como en este atentado puede perfilarse con más nitidez la figura de la comisión por omisión».
Se da la «singular circunstancia», como reconoce el propio magistrado, de que Manuel García-Castellón también fue el juez instructor de este caso hace 25 años. «Algo que no es frecuente», apunta él mismo en su auto de ayer, pero que «permite aprovechar la ventaja de contar con un conocimiento directo de lo acontecido» en aquellos tres días fatídicos de 1997.
Los responsables
Los exjefes de ETA contra los que se dirige la querella de Dignidad y Justicia admitida por la Audiencia Nacional son Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias ‘Iñaki de Rentería’, José Javier Arizcuren Ruiz (‘Kantauri’), María Soledad Iparraguirre (‘Anboto’), Asier Oyarzabal Chapartegui (‘Baltza’), Juan Carlos Iglesias Chouzas (‘Gadafi’), Mikel Albisu (‘Mikel Antza’), Vicente Goicoechea (‘Willy’), Carlos Ibarguren
(‘Nervios’) y Jokin Echevarría. Todos ellos se repartían las máximas responsabilidades en las distintas áreas o ‘aparatos’ en los que se organizaba la banda terrorista. Desde la militar hasta la política, pasando por la legal, logística y económica.
La Audiencia Nacional lleva años investigando a uno de ellos, concretamente Kantauri, que estuvo en el denominado ‘comité ejecutivo’ de ETA entre 1993 y 1999. En el mismo sumario por la causa de Miguel Ángel Blanco, ya en 2016 se emitió orden europea de detención y entrega a Francia y el pasado mes de noviembre se decretó prisión provisional contra este exjefe del ‘aparato’ militar de ETA como «posible inductor» del secuestro y asesinato del joven edil de Érmua.
No en vano, constan al menos dos comunicaciones manuscritas por el propio Kantauri en las que éste daba «precisas instrucciones» al comando Vizcaya
«para que secuestraran a un concejal del PP». Unas órdenes que además eran «coincidentes con el ‘modus operandi» que los etarras utilizaron para secuestrar y asesinar a Miguel Ángel Blanco.
«En pocos casos como en este puede perfilarse con más nitidez la comisión por omisión», afirma el juez de la Audiencia Nacional
Más pruebas
Antes de continuar con las diligencias solicitadas por Dignidad y Justicia, el magistrado ha pedido un informe a la Guardia Civil con «todos aquellos elementos documentales de carácter indiciario» sobre el «grado de participación directa o indirecta» de estos nueve exjefes de ETA en este crimen. También pide al Instituto Armado que detalle en ese informe «si se considera factible» que la cúpula etarra «hubiese participado en la toma de decisión de llevar a cabo» el atentado o «si la participación activa» de ésta «hubiera podido impedir de algún modo el asesinato».
Además, el magistrado solicita incorporar a la causa cualquier documentación relacionada con otros atentados «de especial significación» que coincidieran en el tiempo o en el ‘modus operandi’ con el de Miguel Ángel Blanco para analizar la implicación de esa cúpula etarra en la «decisión, planificación y ejecución» de asesinatos similares.