Torra se jacta de plantar a la Justicia pese a que no estaba obligado a comparecer

Una vez más, el nacionalismo catalán volvió a escenificar una confrontación con la Justicia que no fue tal. Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2018 y 2020, señaló a primera hora de este jueves que no acudiría a la vista oral, prevista para primera hora de la mañana, ante el Juzgado de lo Penal número 6 de Barcelona, que dirime si cometió un delito al ignorar la orden de los tribunales de retirar una pancarta partidista del balcón del Palacio de la Generalitat en 2019. Torra indicó que no quería «legitimar con su presencia un juicio político inmerso en la estrategia represiva del Estado español» y, por lo tanto, no haría acto de presencia.

Sin embargo, su asistencia no era necesaria, ni requerida por la juez, y los abogados de Torra pudieron representarle legalmente en la vista oral, celebrada con normalidad. Ante esta situación, el motivo real del cambio de decisión de Torra –que hasta el miércoles sí tenía previsto presentarse en el juicio– se podría haber dado por el poco apoyo popular que el movimiento independentista le iba a mostrar.

Nadie del Govern catalán anunció su presencia –Pere Aragonès está en Alemania– a las puertas del Juzgado para dar su apoyo al expresidente, Junts informó que acudirían diputados autonómicos y Laura Borràs, presidenta del Parlamento de Cataluña, y ERC, una delegación de segundo nivel encabezada por Carme Forcadell, que está apartada de la primera línea política. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) convocó a sus seguidores, pero apenas congregó a un puñado de fieles. Los partidos anularon las convocatorias tras conocer, a primera hora de la mañana, que Torra no acudiría.

Falso victimismo

José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, entidad que presentó la denuncia y está personada, criticó el victimismo de Torra. «Gonzalo Boye –el letrado del expresidente de la Generalitat– no ha hecho ni la más mínima mención, en el juicio, de la supuesta falta de imparcialidad (de los tribunales»), apuntó, tras la vista oral. Y recordó que «no se le está juzgando por una pancarta, se le juzga por un requerimiento judicial que le obligaba a retirarla».

Este es el segundo juicio contra Torra por negarse a retirar un símbolo partidista de un edificio público. La Fiscalía pide inhabilitación de 20 meses y multa de 30.000 euros.