La CEOE llevará a Calviño el lunes un plan de choque para aliviar la crisis en las empresas
Pide a los sectores más afectados que envíen sus propuestas para elevarlas al Ejecutivo
Antonio Garamendi irá a la reunión del próximo lunes con el Gobierno con un plan de medidas de choque para aliviar la situación de las empresas debajo del brazo. Tras convocar ayer de urgencia a los sectores más afectados por la crisis –básicamente, el sector logístico y el del transporte–, a Cepyme y a ATA, y ante el agravamiento de la situación en los últimos días, el presidente de la CEOE ha instado a los sectores a trasladar sus propuestas antes del fin de semana para disponer de un documento ordenado de medidas de cara a la reunión del lunes, según confirman fuentes empresariales.
Las empresas ven cada vez más urgente que el Gobierno dé una respuesta que rebaje a corto plazo el precio del carburante a través de bajadas de impuestos y que reduzca la tensión sobre los precios energéticos, que está asfixiando a muchos sectores y que incluso está obligando a parar sus cadenas de producción. Sobre la mesa, como adelantó ABC, ideas como recuperar los 3.000 millones de euros en ayudas directas que no se gastaron el año pasado para hacer frente al impacto de la crisis energética, rebajar los impuestos que gravan el carburante –esencialmente el IVA y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos– y la activación inmediata del mecanismo RED, para dar una salida laboral a las empresas más afectadas por el ‘shock’.
Se pide también que se amplíe un año más la moratoria para la devolución de los créditos ICO concedidos durante la pandemia, y cuyo reintegro corresponde hacer a partir del próximo mes de abril; retrasar a 2025 la subida de cotizaciones de la reforma de pensiones; y aplazar la subida fiscal.
Crisis de seguridad
La preocupación en CEOE ha crecido, además, por las repercusiones que el paro en el transporte está teniendo en la cadena de suministro. Fuentes empresariales aseguran que pese a que el seguimiento directo apenas llega al 10%, la agresividad de la acción de los piquetes ha conseguido hacer parar a «entre el 60 y el 70%» del sector. En la reunión de ayer, que presidió Antonio Garamendi en primera persona –algo poco habitual en una reunión de este tipo, según admiten las fuentes consultadas– se proporcionaron datos de consumo de gasóleo profesional que avalan un parón creciente de la actividad por la acción de los convocantes del paro.
El toque de atención lo dieron el miércoles las organizaciones del sector del transporte tras trasladar a la cúpula de CEOE su preocupación respecto a que el bloqueo de rutas pudiera derivar en episodios de desabastecimiento el próximo fin de semana. «Ya no es solo que hay transportistas a los que no se está dejando trabajar, es que algunos ni siquiera quieren salir por miedo a los daños que pueden sufrir sus vehículos», lamentaba ayer una fuente del sector del transporte.
La patronal reaccionó emitiendo ese mismo día un comunicado conjunto en el que condenó los actos violentos de bloqueo «que, persiguiendo los mismos fines (en relación a la petición de abaratar el precio del combustible), están ocasionando graves perjuicios en la cadena de suministros de sectores como la industria, el comercio y el sector agroalimentario, que legítima y libremente deben poder ejercer su actividad».
La reacción de CEOE no se quedó ahí y fuentes empresariales aseguran que se hicieron gestiones ante la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de los transportistas que no quisieran secundar la huelga, una carencia que venía percibiendo desde que se iniciara el paro. Ayer, jueves, Interior ya deslizó que tenía más de 15.000 agentes desplegados por toda España para garantizar la seguridad de las cadenas de suministro y anunció la creación de un grupo de trabajo para analizar los puntos en que la acción de los piquetes está siendo más violenta para resolver el problema.
Por su parte, la organización empresarial ha pedido a todas sus organizaciones sectoriales y territoriales que le remitan los episodios de violencia de los que tengan noticia para trasladárselos al Gobierno y tratar de facilitar la acción de las fuerzas de seguridad.