Crespo adelanta en Bruselas un ‘plan Doñana’ junto al Gobierno
Recuerda que regular los cultivos en la zona no conlleva conceder derechos de agua
La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, viajó ayer a Bruselas para informar a altos representantes europeos de las políticas agrarias de la Junta. Primero fue con el director general de Agricultura de la Comisión Europea, Wolfgang Burtscher, al que le pidió eximir a los agricultores de la obligación de tener un mínimo del 25% de ingresos del campo para cobrar la PAC el año que viene.
El objetivo principal del viaje era asimismo aclarar en Europa la política del Gobierno andaluz en relación a Doñana. Para ello se reunió con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius. Allí le explicó que «en el Gobierno de Andalucía tenemos muy claro que lo que hay que hacer es preservar Doñana por encima de todo, con lealtad institucional y diálogo, sin plantear cuestiones falsas». La consejera adelantó que están trabajando en la puesta en marcha del ‘Plan Doñana futuro’, una estrategia que quieren compartir con el Gobierno de España; cada uno en sus respectivas competencias, con medidas que se avanzarán este verano a la propia Comisión Europea.
La consejera valoró todas las actuaciones de la Consejería para su preservación y el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo por parte del Gobierno de Andalucía. Crespo detalló acciones como la creación de un grupo de trabajo científico-técnico para establecer las relaciones de Doñana entre la hidrología y la ecología; la restauración del incendio de Las Peñuelas, con una inversión de 17 millones de euros; un proyecto de mejora del hábitat con una movilización de 6,6 millones de euros o sufragar el 50 por ciento del coste de las depuradoras de Matalascañas, Sanlúcar de Barrameda, Guillena y Burguillos -40 millones de euros-, todas ellas en la zona y cuyas obras son de competencia estatal.
«Vamos a transmitir una noticia muy positiva al comisario, porque Andalucía ya ha puesto en marcha las 108 depuradoras que eran motivo de sanción a causa de los incumplimiento del anterior Gobierno de Andalucía», señaló Crespo, quien ha resaltado que la Junta ha movilizado 648 millones de euros en depuración y saneamiento. Respecto a la Directiva Marco de Aguas, que forma parte de la sentencia, Crespo recordó que «el diseño de estas medidas corresponde al Estado, que es quien tiene las competencias de la cuenca del Guadalquivir», a la par que volvió a demandar al Gobierno la puesta en marcha del trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos del Tinto, Odiel y Piedras para aprovechar el agua en superficie.
En cuanto al debate sobre el regadío en la Corona Norte de Doñana, Crespo remarcó que «se trata de una iniciativa que no está aprobada aún, que puede sufrir muchas modificaciones en su tramitación, a la que solo se opone un partido y que, al no estar en el ámbito de nuestras competencias, no otorga concesiones de agua».
Mientras el Gobierno andaluz alude a una campaña ecologista contra los cultivos de la fresa, el secretario de Agricultura del PSOE de Huelva, Juan Antonio García, señaló ayer al presidente, Juanma Moreno y «toda la derecha en bloque» como «culpable de la campaña de desinformación y la imagen desvirtuada que empiezan a tener los mercados internacionales de los productos que se cultivan en la zona de Doñana». En este sentido, subrayó que el PSOE ya «advirtió» de que «no abrir un proceso
Agricultura pagará la mitad del coste de las depuradoras de Matalascañas, Sanlúcar de Barrameda, Guillena y Burguillos
participativo en el que se escuchara a todas las partes y se abordara con claridad el número de hectáreas que se pretende legalizar en cada municipio podría generar situaciones de desconfianza, así como de opacidad en este asunto», según indicó la formación. Del mismo modo, el dirigente socialista considera «una gran falta de rigor» que el Gobierno de Moreno «pretenda realizar una modificación del plan sin haber emitido un informe para decir cómo y cuántas hectáreas se van a poder regularizar en el ámbito de Doñana». Además, reprochó a la derecha que «dejar fuera» a agentes públicos y privados de la comisión para tratar la PDL «podría generar este tipo de reacciones que, por supuesto, va en detrimento de la economía en la zona». Así, calificó de «intolerable» que «la derecha vete la participación de 21 agentes públicos y privados», entre los que se encontraban cinco comunidades de regantes de los subsectores 2/17 de Almonte y la COAG, entre otras.