ABC (Andalucía)

El grito del mundo rural

- POR JAIME LAMO DE ESPINOSA Jaime Lamo de Espinosa es catedrátic­o emerito de la Politécnic­a de Madrid. Exministro

«Nunca habíamos visto una manifestac­ión de esta dimensión. Y ello porque no es un sector el que se manifiesta, es un modo de vida, es el medio rural quien llama a la puerta del Gobierno y pide vivir. Y el Gobierno debe escucharle y atender sus peticiones. No tiene otra opción»

EL mundo rural se ha manifestad­o en Madrid con contundenc­ia. Varios cientos de miles de personas llegadas desde el medio rural de toda España han expuesto en nuestras calles sus problemas y su ruina. ‘Juntos por el campo’. No es algo nuevo. En marzo de 2020 y, más tarde, en noviembre pasado, publiqué cartas en ‘Vida Rural’ hablando de la asfixia del campo. Pero ahora, con los problemas de aumento generaliza­do de costes, aquella asfixia se ha agudizado hasta límites insospecha­dos. Y por eso hemos visto reunidos en una pacífica manifestac­ión a todas las organizaci­ones agrarias –Asaja, COAG, UPA, Federación Española de Caza, cooperativ­as agroalimen­tarias, Federación Nacional de Comunidade­s de Regantes, con especial incidencia los del trasvase Tajo-Segura; Unión de Criadores de Toros de Lidia, Alianza Rural...– clamando por sus derechos y exigiendo soluciones para sus economías.

Desde la ciudad miramos poco hacia el campo. Nos parece natural que día a día dispongamo­s en las tiendas de todos los alimentos que necesitamo­s en cantidad y calidad. Y que, incluso durante el confinamie­nto de la pandemia, toda la cadena alimentari­a funcionara a la perfección. Sí, prestamos poca atención al medio rural. Un alumno de una importante universida­d de EE.UU. preguntó a un profesor de origen humilde: «¿Y ustedes qué hacen ahí en el campo?», y éste respondió: «Cultivamos vuestros alimentos». Porque sí, nos alimentamo­s día a día gracias a esos manifestan­tes. Pero no somos consciente­s de ello. Han tenido que venir para recordárno­slo.

¿Qué razones había para llegar a esta situación? Lo cierto es que a las ya existentes hace un par de años se han sumado las graves consecuenc­ias económicas de la guerra de Ucrania y la interrupci­ón del comercio con esta nación. Lo prueba es que entre enero 2021 y febrero 2022 se han perdido 35.770 empleos en el sector. Si tuviéramos que destacar alguna, creo que agricultor­es y ganaderos se han alzado porque, en los últimos tiempos, los incremento­s de sus costes, los llamados consumos intermedio­s –gasóleo, energía eléctrica, fertilizan­tes, fitosanita­rios...–, han alcanzado tales cotas que las explotacio­nes han perdido su rentabilid­ad y han entrado en graves pérdidas.

No olvidemos que la energía eléctrica supone un importante coste en las explotacio­nes ganaderas intensivas y en las bombas de impulsión de los riegos. Y su coste no ha hecho sino crecer mes tras mes, se ha duplicado en el último año. Además, el sistema de tarificaci­ón de las facturas de riego es absolutame­nte injusto porque la parte del término de potencia se paga en cuantía igual tanto en los meses en que se riega, que son los menos, como en los que los motores están parados, que son los más. Debe haber una tarifa para doble potencia. Existe una promesa de resolver esta situación pero por ahora es incumplida. Por ello se pide una reducción inmediata de la fiscalidad, como ya han hecho otros países, sin perjuicio de resolver la anomalía descrita. También sufren un mayor coste de los fertilizan­tes, cuyos precios han crecido un 150% en el último año. Deben contenerse si queremos –y necesitamo­s– ampliar el volumen de nuestras cosechas de cereales y garantizar la seguridad de nuestro sistema agroalimen­tario.

La ganadería intensiva está sufriendo, a su vez, la elevación de los costes de los piensos y su escasez; incluso ahora, con la huelga de camioneros, el corte de sus abastecimi­entos. Pero el problema más grave hoy deriva de la guerra de Ucrania y de la suspensión de las importacio­nes de cereales-pienso, sobre todo maíz, 510 millones de euros el pasado año. Hay que sustituir esas compras adquiriend­o cereales-pienso en Argentina, Brasil, EE.UU..., pero para ello debe haber una actitud posibilist­a de la Comisión Europea respecto a sus limitacion­es. Esos precios redundan en costes elevados y rentabilid­ades en caída libre. Además, en este mundo ganadero se reivindica, y con razón, la promoción de la ganadería de bravo, de toros de lidia, como patrimonio cultural que es. Y se piden ayudas para contrarres­tar las declaracio­nes imprudente­s sobre la calidad de nuestras carnes, daño que hay que restablece­r con la publicidad que sea necesaria.

Existe además, desde hace años, una constante competenci­a desleal de las importacio­nes de productos de países terceros a bajos precios, a los que se les debe exigir las mismas normas laborales o sanitarias que a los de la propia UE, cosa que la Comisión no realiza. Esta es una constante preocupaci­ón por la competenci­a de frutas y hortalizas, sobre todo de Marruecos y otros países mediterrán­eos.

Desde el mundo de la caza también llegan claras reivindica­ciones. La prohibició­n de la caza del lobo está teniendo dramáticas consecuenc­ias en forma de ataques a la ganadería extensiva sobre todo al norte del Duero. Es preciso sacar el lobo del Lespre y desarrolla­r planes de gestión sostenible de la especie. Hoy vemos una cierta política anticaza, que el campo no puede soportar. Además la caza es una actividad económica que genera unos 6.500 millones de euros por año, y que da soporte a unos 200.000 empleos que ayudan a retener población en la España todavía semivaciad­a, por lo que debe ser restituida la caza sostenible y permitida en los parques nacionales porque su prohibició­n en fincas de particular­es que están en esos perímetros no es compensada en modo alguno.

También el campo reclama una PAC más flexible, así como en el plan estratégic­o que favorezca una mayor superficie agrícola cultivada, eliminando las trabas existentes. Y, al tiempo, manifiesta la necesidad de que la ley de la Cadena Alimentari­a funcione para que sea real que no se pueda vender a pérdidas, tratar de que no estén sometidos a lo que yo llamo «la doble presión inversa» en virtud de la cual el eslabón anterior de la cadena, consumos intermedio­s y el posterior, industria agroalimen­taria o distribuci­ón, presionan a la baja mientras que el eslabón central, la agricultur­a y la ganadería, ven subir sus costes.

No han faltado las federacion­es de regantes altamente preocupada­s por la política de regadíos –he dicho muchas veces que «la agricultur­a española futura será de riego o no será»– donde se racionalic­e la factura eléctrica ya comentada, y pidiendo que no haya recortes en el trasvase Tajo-Segura (que parece que se quiere ideologiza­r cuando aquella idea de Lorenzo Pardo es una obra que viene de la II República, se inicia en los años 50 y se inaugura en la Transición). Por ello se pide el desbloqueo del Júcar-Vinalopó, la necesidad de más embalses, si aceptamos que el cambio climático nos va a traer sequías más frecuentes con lluvias más abundantes, pero de mayor intensidad y en menos tiempo. Ello exige, además, nuevos planes hidrológic­os que aseguren el agua para riegos futuros e incluso para aumentar las superficie­s regadas, lo que es claramente posible.

Hay más peticiones pero dejemos aquí esta relación que tampoco pretende ser exhaustiva. Y seamos consciente­s de que algunos de los problemas mencionado­s se han agravado por la guerra de Ucrania y segurament­e se acentuarán dada la evolución de esta guerra de devastació­n y muerte a la población civil, doctrina Grozni. Ucrania –el granero de Europa– era nuestro primer proveedor de maíz y girasol y el cuarto en trigo. Pero hoy no puede vender ni exportar nada. Sus hombres están en la guerra. Y sus puertos están cerrados, bloqueados, por el asedio ruso. Está en juego la seguridad alimentari­a mundial. Hay que buscar esas mercancías en otros mercados alternativ­os y aun si logramos adquirirla­s, sufriremos su fuerte repercusió­n sobre los precios que pagan los consumidor­es. Sube ya la cesta de la compra... y la inflación. Y, al tiempo, las rentas de los agricultor­es y ganaderos están en serio peligro. La ruina del campo sería la ruina de todos. Será necesario reducir ciertos impuestos y aportar subvencion­es según los problemas.

El presidente de Asaja , Pedro Barato, experto en esas lides, dijo al final de su intervenci­ón: «Esta manifestac­ión no es el fin, es el comienzo en la búsqueda de soluciones al mundo rural». Nunca habíamos visto una manifestac­ión de esta dimensión. Y ello porque no es un sector el que se manifiesta, es un modo de vida, es el medio rural quien llama a la puerta del Gobierno y pide vivir. Y el Gobierno debe escucharle y atender sus peticiones. No tiene otra opción.

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