Oltra rectifica y niega que ordenara abrir un expediente sobre el caso de su ex
► La vicepresidenta valenciana enmienda su versión, que confrontaba con la de dos altos cargos
Las últimas declaraciones judiciales han dado un nuevo giro a la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia contra trece cargos y funcionarios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. El magistrado investiga la gestión que hicieron de los abusos a una menor tutelada de 15 años por parte de un educador del centro en el que residía, entonces marido de Mónica Oltra, titular del departamento autonómico.
La también vicepresidenta autonómica –que no figura como imputada– se desdijo y negó ayer que pidiera a sus subordinadas abrir un expediente informativo sobre los hechos ocurridos entre finales de 2016 y principios de 2017, tras ser conocedora de los mismos por su parentesco con el agresor y no por su condición de ‘consellera’. Oltra siempre ha defendido que conoció los abusos el 4 de agosto de 2017, cuando llegó una notificación judicial –la orden de alejamiento– a su domicilio. Cuatro días después y pese a que el caso ya estaba judicializado, Igualdad inició un expediente que el juez de instrucción ha calificado como una «investigación paralela» y que la sentencia de la Audiencia de Valencia que condenó al educador Luis Ramírez Icardi a cinco años de prisión ya puso en el punto de mira, puesto que sus conclusiones no daban credibilidad al relato de la menor.
«No hice una expresión literal a la directora general en el sentido concreto y literal de abrir un expediente informativo. No ordené ‘ábrase un expediente informativo’, ni siquiera hablé con la directora general en aquellos días. Lo que yo comuniqué en ese momento fue la necesidad de saber qué había pasado y se lo indiqué al jefe de gabinete», apuntó Oltra ayer a preguntas de los periodistas. Unas declaraciones que distan de las que dio el pasado 7 de marzo: «Yo fui quien encargué el expediente, se lo dije a la directora general y la directora general dijo: ‘Oiga, averígüese aquí qué ha pasado’.
Punto, no hay más». Con ello, pretendía «saber qué actuaciones se habían realizado». El instructor solicitó una grabación de las mismas pues, tal y como indicó en un auto, ese informe «no se orientó a ninguna de las finalidades antedichas». Su objetivo, tal y como consta en las distintas resoluciones de Igualdad, era «determinar la certeza de las declaraciones» de la víctima.
Durante sus comparecencias en sede judicial el pasado miércoles, tanto la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, –un puesto de la máxima confianza de Oltra–, como la subdirectora del rango, Gemma Plaza, negaron que la orden de abrir el 8 de agosto el polémico informe la diera la dirigente de Compromís. Ambas investigadas aseveraron que tomaron la decisión por cuenta propia, tras tener conocimiento verbal de lo ocurrido y sin conocer la identidad ni el parentesco del agresor con la portavoz del Gobierno autonómico que preside Ximo Puig. Para entonces, la Fiscalía había hecho ya varios requerimientos a la Conselleria desde el 6 de julio, tras conocer la denuncia que la menor llevaba reiterando desde febrero. Entre ellos, solicitaba que se le apartara del agresor, algo que no ocurrió hasta el 16 de agosto. Por qué no se atendieron esas comunicaciones antes y qué falló en todo el proceso son algunas de las incógnitas que el titular de Instrucción 15 tiene que dilucidar. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell, la vicepresidenta señaló que sus declaraciones «se enmarcan dentro de un ámbito de declaración política de apoyo» y de «avalar el trabajo hecho por los técnicos y por los directivos de la Conselleria» ante la «cacería política de la extrema derecha, que lo que quiere es un trofeo político y no duda en utilizar la vía judicial de manera espuria, muy injusta» para, a su juicio, conseguir algo que «de otra forma no puede».
La causa tiene su origen en sendas denuncias del abogado de la víctima y líder de España 2000, José Luis Roberto, y la asociación Gobiérna-Te, impulsada por la cofundadora de Vox Cristina Seguí. Además, la formación de Santiago Abascal ejerce la acusación popular.
El juez ha calificado el informe de «investigación paralela» abierta cuando ya se había dictado una orden de alejamiento