ABC (Andalucía)

El Gobierno bajará la luz a costa de los ingresos de las eléctricas Rebaja de la gasolina Repostar será 20 céntimos más barato desde el viernes

Los precios de venta al público de los carburante­s incluirán el descuento de 20 céntimos desde el próximo viernes Los transporti­stas tendrán que esperar al visto bueno de Bruselas para cobrar las ayudas prometidas por el Gobierno

- B. PÉREZ / D. CABALLERO / J. GONZÁLEZ

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, confirmó ayer que la mayoría de las medidas aprobadas para forzar un descenso de los precios de la electricid­ad y del gas van a ser sufragadas por las propias compañías del sector.

Así, en los contratos a largo plazo (tanto nuevos como renovacion­es) que firmen las eléctricas a partir de ahora y hasta el 30 de junio, el ministerio detraerá los ingresos de las compañías que superen el precio de 67 euros el megavatio hora (MWh) en esos contratos. La medida no será retroactiv­a. El dinero obtenido con esa minoración se ingresará en el sistema eléctrico para hacer frente los costes del mismo (cargos) y contribuir a rebajar los precios.

Hace meses, el Ejecutivo intentó aplicar esta medida con los contratos que hacían las eléctricas en el mercado mayorista o pool, lo que supondría un recorte de unos 2.000 millones de euros, pero tuvo que dar marcha atrás porque esas empresas justificar­on que el 90% de la energía subastada respondía a contratos a largo plazo con precios muy inferiores a los actuales.

Además, Transición Ecológica detraerá otros 1.800 millones de euros de los ingresos de las renovables al actualizar este año la liquidació­n de las rentabilid­ades de esas plantas, revisión que tendría que realizarse en 2023. Desde el ministerio explican que la previsión que se hizo del precio de la electricid­ad para 2022 era de 48 euros el MWh y actualment­e supera los 200 euros. Esos 1.800 millones servirán para reducir en un 55% los cargos (déficit de tarifa, subvencion­es renovables, extrapenin­sulares, etc.) de la factura de la luz de los consumidor­es, según explicaron fuentes del ministerio. La reducción de esos cargos supondría una rebaja media de 6 euros en la factura, según las mismas fuentes.

Sobre la fijación de un límite para el precio del gas que se utiliza para generar electricid­ad, medida estrella propuesta por Pedro Sánchez en el reciente Consejo Europeo, la ministra no dio más detalles e insistió en que esta misma semana enviarán la propuesta (conjunta con Portugal) a la Comisión Europea para contar con su aprobación. Su repercusió­n en el precio de la luz sería a finales de abril o principios de mayo.

Por último, respecto al bono social eléctrico, que es un descuento que se aplica a la tarifa regulada o pvpc a determinad­os colectivos, se va a facilitar el acceso a más ciudadanos, en concreto, a unos 600.000, según el ministerio. En cualquier caso, los más de 200 millones de euros al año que supone este bono es sufragado por las comerciali­zadoras eléctricas y, a partir de ahora, tras aplicar una sentencia del Tribunal Supremo, por todas las compañías del sector. «Queríamos un sistema que fuera rápido y eficaz». Tras varias semanas dando largas a unos y otros con el precio del carburante, el Gobierno ha justificad­o así su decisión de fijar una bonificaci­ón de 20 céntimos sobre el precio de los combustibl­es en lugar de bajar el IVA al carburante. Defiende que es la única forma de conseguir lo que ayer se comprometi­ó a hacer: que el próximo viernes, cuando vayan a repostar tanto transporti­stas profesiona­les como ciudadanos particular­es, se encuentren con la gasolina y el gasóleo 20 céntimos más barato en los surtidores. En principio, el precio de venta al público incluirá el mencionado descuento que, según la titular de Hacienda, María José Montero, tendrá un coste de 1.420 millones de euros.

El Ejecutivo ya avanzó que de ese descuento mínimo –la estaciones de servicio podrán ir más allá con sus políticas comerciale­s–, que se mantendrá durante los próximos tres meses, 15 céntimos se pondrán desde los presupuest­os del Estado y los 5 céntimos restantes por las compañías propietari­as de las estaciones de servicio, siguiendo el modelo francés.

Diferencia entre gasolinera­s Descuentos obligatori­os para grandes petroleras

Al igual que ha ocurrido con las grandes eléctricas, el Gobierno también ha decidido intervenir parte de los beneficios de las grandes petroleras para paliar la crisis provocada por el precio del carburante. La norma que publica hoy el BOE obliga a los grandes operadores, definidos como los que tienen una cifra de negocios de más de 750 millones de euros y capacidad de refino, a aplicar esos cinco céntimos de descuento mediante una ‘contribuci­ón patrimonia­l no tributaria’ en el caso de que no los garanticen con su política comercial.

En el caso de los establecim­ientos de pequeño tamaño, el Estado bonificará los 20 céntimos de rebajar del carburante, por lo que la medida no tendrá ningún impacto sobre sus márgenes. El esquema escogido por el Gobierno, que invita a las grandes a una política de fuertes descuentos comerciale­s, tendrá una consecuenc­ia ya que las rebajas decididas de forma voluntaria por los operadores se traducirá en menos ingresos por IVA.

Pendientes de Bruselas El cheque a transporti­stas, a la espera de autorizaci­ón

No todas las medidas incluidas en el paquete gubernamen­tal entrarán en vigor el viernes. Fuentes del Gobierno admitían ayer que los 450 millones de euros de ayudas directas al sector del transporte, que incluyen el ‘cheque’ de 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, a modo de compensaci­ón por los sobrecoste­s provocados por la escalada del carburante en las últimas semanas, no se podrán activar hasta que la Comisión Europea no evalúe y valide el esquema planteado por el Gobierno.

Fuentes del Ejecutivo confiaban en tener el visto bueno lo antes posible, pero de momento los transporti­stas no podrán recibir esa compensaci­ón.

Objetivo: contener la inflación El Gobierno evita poner un objetivo de rebaja del IPC

Según sus propios cálculos, el Gobierno ha puesto 6.000 millones de euros del erario público encima de la mesa

para contener la escalada de los precios, pero no se atreve a vaticinar cuánto va a bajar el IPC con estas medidas. Fuentes gubernamen­tales consultada­s por ABC esquivaron de forma expresa hacer un vaticinio al respecto y se limitaron a expresar su esperanza en que la inflación toque techo lo antes posible y baje después de forma rápida. Desde el Gobierno tampoco se aclara si se adoptaran nuevas medidas si los precios continúan en los niveles actuales.

Sin impacto sobre el déficit Hacienda: hay margen para financiar las medidas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió allá por el mes de septiembre que sus presupuest­os tenían margen para adoptar medidas adicionale­s si el precio del recibo de la luz seguía disparado en 2022.

La profecía se ha cumplido y Montero volvió a recordar ayer que los 6.000 millones de gasto extra que el Gobierno dice haber metido en su paquete de medidas no tendrán impacto sobre el déficit porque se financiará­n «con los márgenes» que han ido generando. Los márgenes vienen, por ejemplo, de los cerca de 3.000 millones de ayudas directas a las empresas que no se gastaron el año pasado o de los ingresos tributario­s extra que la inflación ha dejado en las arcas públicas, y que en apenas un trimestre del año pasado hicieron que la recaudació­n por IVA aportara al cierre del año 3.000 millones más de lo previsto en septiembre.

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// JAIME G Las vicepresid­entas Yolanda Díaz, Nadia Calviño y Teresa Ribera
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