Los límites de los alquileres al 2% también afectarán a los pequeños propietarios
Las inmobiliarias reclaman que la medida sea temporal para no trastocar la seguridad jurídica
El Gobierno blinda los alquileres para que la espiral inflacionista no haga todavía más complicado el acceso a la vivienda. El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a la limitación de los precios al 2% hasta el 30 de junio. Una medida que se encuentra a medio camino de los anhelos de Unidas Podemos, que reclamaba congelar directamente los precios, y las peticiones de las inmobiliarias, que rechazaban cualquier tipo de intervención en el mercado.
¿Significa esto que los precios del alquiler solo subirán un 2%? No. El Gobierno no controla el precio de las viviendas que salen de nuevo al mercado. Lo que hace es evitar que, en la renovación anual de los contratos –referenciados en un 90% al IPC– los caseros aprovechen la elevada inflación actual para subir las rentas de forma indiscriminada.
Para ello, el Ejecutivo no acometerá ningún cambio de calado en la ley de arrendamientos urbanos (LAU), sino que aplicará una excepción temporal a la norma. La ley establece que la subida máxima del alquiler debe estar vinculada al IPC, pero a partir de ahora estará ligada al Índice de Garantía de Competitividad (IGC). Esta estadística mide otros factores además de los precios y que no puede subir más del 2% ni tampoco entrar en negativo. Entre abril y junio, el índice será la nueva referencia para los contratos de alquiler.
El porcentaje del 2% no solo será una referencia para los bancos y fondos de inversión. También los pequeños caseros tendrán que acatarlo. Aunque el Gobierno se haya empeñado en separar ambos procesos.
Ayer, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó tras el Consejo de Ministros que en el caso de los grandes tenedores (aquellos con más de diez casas) el límite será imperativo y en el resto prevalecerá la negociación entre ambas partes. En realidad, el resultado será el mismo, porque si el inquilino no llega a un acuerdo con su casero podrá exigirle directamente que la subida máxima sea del 2%.
En principio, la medida, que no tendrá efecto retroactivo, estará vigente desde el 1 de abril hasta el próximo 30 de junio. Pero el Ejecutivo no descartó ayer que se extienda más allá de esa fecha si la situación económica no es la idónea.
La guerra de Ucrania ha sido la puntilla, pero los precios ya venían disparándose desde el verano pasado, lo que ha encarecido aún más los alquileres Solo en febrero, con la subida del 7,4% del IPC adelantado, (posteriormente revisado al 7,6%), los contratos referenciados a este índice se dispararon de media en España alrededor de 51 euros mensuales y 617 euros anuales, según el portal inmobiliario Idealista. Una subida que se reflejó con mayor rotundidad en las grandes capitales como San Sebastián, Barcelona y Madrid.
Alerta en el sector
Quizás por ello las inmobiliarias están siendo cautas a la hora de criticar la medida. La mayoría de ellas entiende que la situación actual es excepcional, pero aún así recuerdan al Gobierno que la medida debe ser coyuntural. Desde la asociación de propietarios Asval han solicitado al Ejecutivo que la limitación se lleve a cabo por un «periodo limitado» y sin posibilidad de prórroga. Además, ha subrayado que la limitación es «artificial» y ha defendido una limitación de la subida de rentas al incremento de la inflación subyacente, para eliminar los elementos más volátiles, como la energía y los alimentos no elaborados.
Desde otros portales inmobiliarios como Fotocasa o Pisos.com también reclaman que la medida sea transitoria. En el sector no olvidan iniciativas como la paralización de los desahucios, que iba a ser temporal por la pandemia y ha acabado instaurándose de forma definitiva.