Los partidos coinciden en que hay que solucionar los cultivos de Doñana
► El presidente de la Confederación del Guadalquivir no acude a la comisión y manda un escrito
Diálogo, fue la palabra más repetida ayer en la comisión parlamentaria de Fomento para escuchar a las partes implicadas en la ley de regularización de cultivos del entorno de Doñana que se debatirá en una nueva proposición de ley. Si nos abstraemos de los rifirrafes políticos propios de todo debate, las cerca de nueve horas se pueden resumir en los siguientes consensos de todas las formaciones menos Unidas Podemos. El parque nacional de Doñana es intocable por su propia naturaleza. Con la orto foto de escala 1/60.000 de 2004 que sirvió de base para justificar las legalizaciones de 2014 por parte de la Junta de Andalucía, muchos terrenos quedaron fuera y no se reconocieron. Hay que delimitar exactamente de cuántas hectáreas agrícolas estamos hablando en esta nueva PDL que probablemente vea la luz en junio; los agricultores hablan de 800 y los ecologistas de 1.900. En Huelva hay agua suficiente para todos, sobre todo si se hacen las obras pendientes del trasvase del Tinto, Odiel y Piedras al Guadalquivir aprobadas en 2018. La solución tiene que venir de un acuerdo a tres bandas, la Junta de Andalucía, el Estado y los agricultores afectados. Estos no son los ‘criminales’ que roban el agua para cultivar los berrys, sino las víctimas de un problema administrativo al que hay que darle una solución jurídica. Los suelos a legalizar van unidos a unos derechos de agua, antes ‘a precario’, ahora cuando se haga el trasvase, con agua superficial, legal. Los pozos ilegales se cerrarán a medida que esta llegue. Está en juego la reputación de la fresa de Huelva, que sufre campañas de desprestigio si se la asocia al uso de agua de Doñana.
Este sería el resumen de las 19 comparecencias que ayer pasaron por el Parlamento andaluz, con dos ausencias muy comentadas, una, la de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se opone a la PDL y ya había anunciado que no vendría. Y la del propio presidente de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, que mandó un escrito con su postura y no se presentó.
Los alcaldes afectados
Por la mañana habían asistido los alcaldes de los municipios afectados. Los de Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Almonte y Rociana del Condado, mostraron sus dudas y críticas respecto a esta futura ley, mientras que el de Lucena del Puerto (independiente) fue el único que se mostró abiertamente a favor de la misma. La alcaldesa de Almonte (Mesa de Convergencia), marca blanca de Podemos, Rocío del Mar Castellano, criticó que el 15 de diciembre de 2021 se celebró el Consejo de Participación de Doñana «donde están representados todos los sectores implicados en este problema» y «no se dijo absolutamente nada» y que «a los pocos días salió la proposición de ley».
El presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, Miguel Delibes de Castro, afirmó que la ley de mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva «es muy desleal» con el Consejo, toda vez que la tachó de «irresponsable» porque ya «se había llegado a un acuerdo en 2014».
Rafael Domínguez, gerente de Freshuelva, puso como ejemplo el de los franceses cuidando a sus fresas, «ya que le ponen hasta su bandera» y lo triste que es hablar de falta de agua en Huelva cuando se ha exportado a Ceuta y Sevilla con los excedentes del Guadiana.
El consenso pasa por poner de acuerdo al Estado, la Junta de Andalucía y los agricultores y regantes afectados por la nueva ley