Los expertos avisan de que prohibir el despido ataca la libertad de empresa
Coinciden en que la medida minará la contratación por el alto grado de inseguridad jurídica y alertan de futuros daños para el empleo
La prohibición para despedir incluida en el plan de choque económico aprobado por el Gobierno ha caído entre las patronales como un ataque sin precedentes a la libertad de empresa, y como una maniobra del Ejecutivo para ‘colar’ por la puerta de atrás modificaciones a la reforma laboral recientemente aprobada. Y más allá, abre una espita de inseguridad jurídica que minará la confianza de los empresarios a la hora de contratar, lo que en el medio plazo se puede traducir en una desaceleración de la creación de empleo.
Concretamente, el real decreto aprobado fija dos condiciones por las cuales no se podrá despedir con causa objetiva en los próximos tres meses: para las empresas que se acojan a ayudas directas aprobadas en el plan de choque, que deberán devolver si realizan algún despido, y para aquellas que apliquen un ERTE asociado a la invasión de Ucrania, que no podrán causar despidos por este motivo.
En este punto, la patronal fue contundente ayer al rechazar frontalmente la medida. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguró en una entrevista en RNE que «no tiene mucho sentido que si acabamos de aprobar una reforma laboral, a la primera de cambio se le esté metiendo la tijera (...) Se ha cambiado la fórmula».
«No podemos compartir es el intervencionismo cuando hay una ley pactada y negociada hace muy pocos días», insistía Garamendi. En esta misma línea se pronunciaba el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien aseguraba que la medida «cuarta la libertad de empresa» y «es puro intervencionismo».
Pero más allá, detrás de este intervencionismo se alarga una sombra de inseguridad jurídica, que sí impactará en la rutina de las empresas. Tal y como apunta el socio de Sagardoy Abogados, Román Gil, la redacción de la norma es contradictoria, lo que genera «inseguridad jurídica». Así, explica el experto laboralista que más incertidumbre genera aún que este cierto intervencionismo «que fue algo extraordinario por el Covid» se convierta en un ‘modus operandi’ del Gobierno para contener los niveles de ocupación ante eventuales crisis. «Es una limitación del artículo 38 de la Constitución, que rige la libertad de empresa. Esto es intervencionismo», apunta Román Gil, asegurando que «la tendencia es preocupante».
Palos en la rueda
Este aspecto de la inseguridad jurídica es el más relevante para los juristas del ramo. «Volvemos a tener inseguridad jurídica. Nuevamente veremos situaciones en las que según de que parte se esté se buscará la forma de vincularla o no con la situación económica energética derivada de la guerra. Y, finalmente, estaremos a los criterios no unánimes de lo que cada juez resuelva en cada caso», asegura Eva Hernández, socia responsable del Departamento de Derecho Laboral de Alemany, Escalona & Escalante.
Pero no solo está la cuestión legal detrás de las limitaciones decretadas por el Gobierno en materia laboral. Los economistas consultados por ABC auguran además una falta de confianza a la hora de contratar que puede desacelerar el avance del empleo. «Es una medida que perjudica la contratación», señala el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, quien advierte de que se «corta la libertad para realizar ajustes de plantilla». En esta línea, el economista Javier Santacruz, asegura que la acotación de las causas de despido objetivo «mina la confianza de las empresas a la hora de contratar, sobre todo para las que tienen problemas económicos severos». «Cuando se vayan levantando estas restricciones podría aumentar la destrucción de empleo por la vía del
Antonio Garamendi Presidente de la CEOE «Acabamos de aprobar la reforma laboral y a la primera de cambio se le mete la tijera»
Gregorio Izquierdo Director general del IEE «Es una medida que perjudica la contratación»
Román Gil Socio de Sagardoy Abogados «Es una limitación del artículo 38 de la Constitución, que rige la libertad de empresa. Esto es intervencionismo»
recorte de horas trabajadas», advierte Santacruz sobre el abuso de las «las jornadas parciales».
«Lo que necesitamos ahora las empresas son medidas de flexibilidad que nos permitan adaptar nuestras estructuras al nuevo entorno, a la espera de que superemos esta situación, podamos volver a crecer y, por lo tanto, a contratar. Limitar la toma de decisiones del empresario en un momento de crisis significa reducir su capacidad de gestión y eso un gran error ya que nos deja sin músculo de cara a la salida de la crisis» señala el presidente de UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, Francisco Aranda, advirtiendo de las complicaciones específicas que pueden sufrir las pymes.