Siete de cada diez euros, a la espera del ‘OK’ de Bruselas
La Comisión Europea debe autorizar partidas por 10.762 millones de euros que corresponden a ayudas directas y a la línea de avales del ICO El día 1 solo entraron en vigor medidas que suponen el 33% del presupuesto
El Gobierno ha ido desgranando por fascículos su plan de choque contra el impacto de la guerra y la crisis energética. Primero, el anuncio de que algo llegará; luego, la fecha; después, algunos detalles por voz del presidente Pedro Sánchez; un día más tarde, su aprobación en el Consejo de Ministros con la correspondiente rueda de prensa y, para acabar, los detalles sobre el papel en el Boletín Oficial del Estado.
La película que ha rodado el Ejecutivo ha sido un plano secuencia de varias semanas... y que aún no ha terminado. Se dijo que el plan de choque entraría en vigor el 1 de abril y, en la mayoría de medidas, se extendería hasta el 30 de junio. El decreto como tal entró en vigor, pero no buena parte de lo que en él se dice.
Sánchez fue el encargado de comunicar que el paquete de medidas sería de 16.000 millones de euros; de ellos, 6.000 millones en «ayudas directas y rebajas de impuestos» y otros 10.000 millones en una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Sin embargo, en la práctica no ha sido así de manera inmediata: un total de 10.762,2 millones no entraron a funcionar el día 1, el 67,2% del total del plan.
¿Por qué siete de cada diez euros de lo aprobado por el Gobierno aún tienen que esperar? Porque todavía no se cuenta con la autorización de la Comisión Europea. Hay medidas que necesitan sus tiempos. «Las ayudas y medidas de apoyo recogidas en este real decreto-ley cumplirán con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado. Las ayudas se concederán una vez que se cuente con la autorización expresa de la Comisión Europea en caso de que esta sea necesaria», reza el decreto.
Bruselas debe autorizar a España a ejecutar buena parte del plan de choque de Sánchez antes de su puesta en funcionamiento. Así queda reflejado en la comunicación que realizó la Comisión Europea el pasado 23 de marzo sobre «el marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia: los estados miembros deben notificar estas medidas de ayuda y la Comisión las evaluará directamente».
Las medidas que están ahora en el tejado europeo –y que en teoría no tendrán problemas para salir adelante, lo que no se sabe es cuándo– son varias. Por una parte, la totalidad de los 10.000 millones en avales del ICO para garantizar liquidez a las empresas que necesiten crédito para hacer frente a sus obligaciones a causa de la guerra y la crisis energética. «Esta nueva línea, como ayuda de Estado dirigida a mitigar las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, debe ser autorizada por la Comisión Europea, por lo que no podrá otorgarse ningún aval con cargo a la misma hasta que se haya producido esta autorización», señala expresamente el decreto.
Los 762,2 millones de euros restantes que debe autorizar Europa corresponden a ayudas de Estado que se engloban en el marco temporal de flexibilidad que habilitó Bruselas el 23 de marzo. Son 125 millones en ayudas directas a la industria intensiva en consumo de gas, 450 millones en ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes (transporte), 169 millones en ayudas de Estado por el incremento de los costes de los productores de leche, y 18,2 millones en ayudas de Estado a empresas armadoras de buques pesqueros.
Fuentes del Gobierno admitían la pasada semana que los 450 millones de euros de ayudas directas al sector del transporte, que incluyen el ‘cheque’ de 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, a modo de compensación por los sobrecostes provocados por la escalada del carburante en las últimas semanas, no se podrán activar hasta que la Comisión Europea no evalúe y valide el esquema planteado por el Gobierno. Y lo mismo ocurre con los otros tres citados tipos de ayudas de Estado, que están pendientes del ‘ok’ de Bruselas por formar parte del marco temporal habilitado.
El resto del plan
En torno a un 33% del plan sí que está en funcionamiento desde la entrada en vigor del decreto. Esto equivale a medidas por valor de 5.237,8 millones.
Dentro de esta cantidad entran, por ejemplo, lo que tendrá que asumir el Estado por la bonificación en los carburantes. El Gobierno ha aprobado una rebaja directamente en el repostaje de al menos 20 céntimos. De estos, 15 céntimos serán asumidos por el Estado y al menos otros cinco céntimos por parte de las petroleras.
Asimismo, también entra en esa cantidad la prórroga de la rebaja fiscal que se inició en 2021 para abaratar la factura de la luz. Se extiende el tipo del IVA al 10% para pequeños consumidores, el impuesto especial a la electricidad al 0,5%, así como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica. Según avanzó el Gobierno –aunque con algún indicador incompleto–, la merma de ingresos de estas medidas fiscales para las arcas públicas ascendió a unos 1.600 millones en 2021. Pero esto se trata de una extensión de la rebaja impositiva y no nuevas medidas de reducción de impuestos.