Ignorancia por decreto
He estado dos días intentando leer el decreto de 29 de marzo sobre la enseñanza en la ESO y que afecta a 175.000 alumnos de edades comprendidas entre los doce y los quince años y confieso que me han entrado escalofríos. A modo de resumen diré que quien ha perpetrado esta aberración debería rendir cuentas ante la Justicia. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a sumir a varias generaciones en una ignorancia intelectual por un lado y, por otro, en una privación del desarrollo cognitivo de tal calibre.
Pero no voy a entrar en los contenidos que ha eliminado, manipulado o demolido. Tampoco me voy a referir a las nuevas ‘perspectivas de género’ que introduce en las Matemáticas (quizás haya que terminar con la opresión que ejercen los logaritmos sobre las derivadas), ni siquiera en que no haya límite de suspensos para pasar de curso (lo cual iguala estas titulaciones en prestigio con las de Burkina Faso).
A lo que sí voy a apelar es al amor propio y profesional de nuestros docentes, cuyo desarrollo laboral queda devaluado de una manera atroz y, por supuesto, descarga en ellos la responsabilidad de titular a alumnos que sólo pueden ser un peligro para la sociedad, dada su falta absoluta de cualificación para la realización de cualquier cometido en su futuro laboral. Por otro lado también apelo a la responsabilidad de los padres. ¿Van a consentir con su anuencia que conviertan a sus hijos en estultos sin remedio, cuya única enseñanza adquirida con excelencia sea el adoctrinamiento que anule por completo su criterio propio, capacidad de análisis, autonomía profesional y que les haga dependientes absolutos de las dádivas del Estado? Si la respuesta es que sí no tendremos perdón como sociedad civilizada. JOSÉ MARÍA BELLO MERCADAL ZARAGOZA