La comisión de la Faffe termina con dictamen, pero sin consenso
PP, Cs y Vox aprueban un relato que culpa a Chaves, Griñán y Díaz; el PSOE lo ve un paripé
Después de tres años de trabajo, 58 comparecientes y más de 20.000 expedientes analizados, la comisión de investigación sobre las irregularidades de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) tocó ayer a su fin con la aprobación de un dictamen. El documento definitivo, que ha salido adelante con los votos del PP, Ciudadanos y Vox, concluye que los tres anteriores presidentes de la Junta de Andalucía y secretarios regionales del PSOE, Manuel Chaves (1990-2009), José Antonio Griñán (2009-2013) y Susana Díaz (2013-2018) fueron los máximos responsables políticos por su «inacción» ante la «corrupción institucionalizada» que anidó dentro de la entidad dedicada a impartir cursos de formación para los andaluces. Son, a su juicio, culpables tanto los que mandaron durante los ocho años en que estuvo funcionando la Faffe (2003-2011) como durante su liquidación en 2016.
Este relato de los hechos figurará en el diario de sesiones del Parlamento cuando el Pleno lo apruebe probablemente a finales de abril. Contará con los votos particulares discordantes del PSOE y de Unidas Podemos. La portavoz socialista, Soledad Pérez,
lo calificó de «gran mentira», «paripé» y «relato de parte» escrito de antemano, al tiempo que vinculaba la reducción de los días hábiles para presentar su voto en contra «a los nervios electorales de [Juanma] Moreno Bonilla». Inmaculada Nieto, de Podemos, rechazó también un texto que «nos avergüenza y no vamos a participar en este circo», porque «quita rigor a las evidencias, que las hay».
La comisión que ha examinado los enchufes, contratos a dedo y pagos en prostíbulos no ha concitado tanto interés como en su arranque, en vísperas de las elecciones generales de 2019, cuando compareció el dueño del puticlub en el que quien fuera director de la Faffe y miembro de la Ejecutiva del PSOE-A, Fernando Villén, pagó 14.737 euros en marzo de 2010 con una tarjeta institucional.
La poca expectación sobre su desenlace venía avalada por un dato: sólo tres periodistas asistieron a la sala de prensa de la Cámara donde fueron desfilando los grupos tras una reunión que tuvo sus más y sus menos. El presidente, Enrique Moreno (Cs), eliminó una de las recomendaciones para regularizar las condiciones laborales del personal de la extinta Faffe que ahora trabaja en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a los que el documento cataloga de «presuntos enchufados», dada «la arbitrariedad de sus contrataciones». Este cambio de última hora impidió que la comisión terminara sin dictamen.
«Lavado del enchufismo»
El PP apela a que los socialistas «pidan perdón» y Vox fuerza la supresión de un párrafo sobre los derechos de «enchufados»
De hecho, la diputada de Vox, Ángela Mulas, empezó la reunión asegurando que estaba decidida a votar en contra, pero que lo reconsideró tras acordar la supresión del párrafo que abogaba por terminar con «la petrificación y ultra actividad» del convenio que regula a estos empleados dentro del SAE. A su juicio, «implicaba un lavado del enchufismo» porque «se estaban consolidando derechos».
Ciudadanos hizo concesiones a cambio de salvar un relato que agradara tanto a su socio, el PP, como a Vox. Accedió a responsabilizar a Susana Díaz, bajo cuyo mandato, según el dictamen, prescribió el reintegro de una subvención. Juan de Dios Sánchez (Cs) recordó los casi 11 millones en propaganda y relaciones públicas que se gastó la Faffe, una «cantidad exorbitante» de la que salieron «los pagos en prostíbulos y comilonas».
Ana Vanessa García, la diputada del PP, pasó de lo particular –«enchufismo, alquileres desorbitados, subvenciones sin tramitar y la inacción» de los gobiernos socialistas– a una conclusión general: «El supuesto nuevo PSOE es el heredero directo del PSOE manchado por la corrupción». «Hoy día se sienta en un escaño del Senado Susana Díaz», proclamó, al tiempo que exigía a los responsables que «pidan perdón a los andaluces».