El caso Gali cumple un año con dos generales ascendidos y Laya recolocada en París
► Las diligencias por esa operación clandestina han comprometido a Pedro Sánchez
El próximo 18 de abril se cumplirá un año del caso Gali, la operación clandestina desplegada por el Gobierno de Pedro Sánchez para introducir furtivamente en España al líder del Frente Polisario, el saharaui Brahim Gali. De acuerdo con las autoridades argelinas que le protegen, el Gobierno de Sánchez planeó su acogida en España para tratarle el Covid que padecía. Tras reponerse, regresó a Argelia 44 días después, el 1 de junio. El objetivo era que su presencia en España no trascendiera, ocultar su estancia, para lo que se saltaron los controles de pasaportes y fronteras. Todo ello con un doble resultado práctico: de un lado, que no se enterara Marruecos, enemigo declarado del Polisario; de otro, que al no quedar registrada su entrada en España, la estancia de Gali pasara desapercibida para la Audiencia Nacional, que llevaba años buscando al líder saharaui por acusaciones de genocidio, terrorismo, asesinato y torturas, entre otros delitos.
El plan se desbarató cuando, pocos días después, se filtró a los medios de comunicación que Gali estaba en el hospital público de Logroño. El resultado inmediato fue una grave crisis diplomática entre Marruecos y España.
Aquella operación clandestina, el caso Gali, acabó en los tribunales. Y ahí sigue, de momento. El 31 de mayo del año pasado, el juez zaragozano Rafael Lasala abrió diligencias de investigación, ante la querella presentada como acusación popular por el abogado malagueño Antonio Urdiales. Lasala apreció indicios de prevaricación y encubrimiento en esa operación clandestina, a los que se sumaba el de falsedad, por la identidad amañada con la que el líder del Polisario fue ocultado en España.
Las diligencias se abrieron en Zaragoza porque Gali fue introducido clandestinamente a través de la Base Aérea de esa ciudad, con la activa participación del Estado Mayor del Ejército del Aire, que siguió instrucciones del gabinete de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. El coordinador de la operación fue el jefe de gabinete de Laya, el diplomático Camilo Villarino.
El juez imputó a Laya y Villarino por el caso Gali, tras tirar del hilo en la Base de Zaragoza, cuyo jefe era en ese momento el general José Luis Ortiz-Cañavate. Villarino dio las instrucciones al segundo jefe del Estado Mayor del Aire, general de división Francisco Javier Fernández Sánchez, y éste las hizo llegar a la Base dirigida por Ortiz-Cañavate.
Un año después, la investigación del caso Gali parece desinflarse por momentos. El juez Lasala desimputó a Villarino hace apenas un mes, aunque las acusaciones populares han pedido que se le mantenga como investigado –el recurso ha de resolverlo ahora la Audiencia Provincial de Zaragoza–. La exministra sigue imputada, pero es probable que por poco tiempo: en el auto de desimputación de Villarino, el juez Lasala deslizó argumentos en descargo de Laya. Y eso pese a que, en aquel mismo auto, el magistrado apuntó contra el presidente Pedro Sánchez, pero sin elementos de imputación: se limitó a indicar su convencimiento de que una operación clandestina de este calibre, diseñada y activada desde el Gobierno, tuvo que tener forzosamente al presidente como último y máximo responsable.
Esos cuatro protagonistas, los dos generales, la exministra y el diplomático Villarino disfrutan de renovados destinos de alto nivel un año después de aquella operación clandestina. Laya se ha recolocado como decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, creada en 2010 y perteneciente al elitista Science Po, el Instituto de Estudios Políticos de París. Por el puesto que ahora ocupa González Laya han pasado el ex primer ministro italiano Enrico Letta y el exministro libanés Ghassan Salame.
Por su parte, Villarino se incorporó hace mes y medio al Servicio Europeo de Acción Exterior, vinculado al equipo que dirige el socialista Josep Borrell en su actual condición de Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Ascensos gubernamentales
En cuanto a los generales, los dos han sido ascendidos tras el episodio de Gali. El general de división Fernández Sánchez, al que dio las instrucciones Villarino, fue promocionado por el Gobierno al preciado puesto de representante militar ante los comités militares de la OTAN y de la UE en Bruselas. El nombramiento lo decidió el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez el 8 de junio del año pasado, cuando no habían pasado ni tres meses de la introducción clandestina de Gali en España. Además, ese ascenso de Fernández Sánchez a la diplomacia militar fue decidido a propuesta de Laya, cuando todavía era ministra –perdió su cartera ministerial el 10 de julio de 2021–
Por su parte, el que era jefe de la Base de Zaragoza cuando entró Gali, el entonces general de brigada Ortiz-Cañavate, acaba de ser ascendido a general de división. El acuerdo lo adoptó el Consejo de Ministros hace un par de semanas, el pasado 29 de marzo.
En el plano judicial, mientras se dirime el archivo o no de la causa, aún hay diligencias pendientes. Hoy lunes declara ante el juez la empleada pública del Servicio Riojano de Salud que estaba a cargo de la unidad de admisiones del hospital logroñés cuando Gali fue ingresado con identidad encubierta, un pasaporte falso en el que figuraba como Mohamed Benbatouche, supuesto embajador retirado. También está pendiente que el juez Lasala resuelva una nueva solicitud presentada hace cuatro días por la acusación popular, que pide la imputación de los dos oficiales que dirigieron la entrada de Gali, a pie de pista, en la Base de Zaragoza: el coronel Ignacio Asensi Catalán –actual jefe interino de la Base– y el capitán José Fernández Prados.