Frenar el gasto antes de bajar impuestos
Los dos grandes partidos marean la perdiz para no afrontar lo importante: que es urgente reducir el gasto público
Afinales de la década de 1980, todos los meses el menú de los españoles acababa con una superabundancia de pollo. Según los diarios de la época, importar pollo era la manera que tenían las autoridades de restarle unas décimas al IPC. De hecho, cuando el pollo estaba caro se le tildaba de ‘animal inflacionario’ como recuerda el profesor Carlos Rodríguez Braun.
Ya nos habíamos olvidado de estas estrategias gubernamentales para influir en el IPC. Como ha subrayado Toni Roldán, el pollo de ayer son los combustibles de hoy, porque la única razón que explica el subsidio generalizado de 20 céntimos –una medida de dudosa eficacia y que dispara en el pie de la descarbonización agitada por Sánchez– es frenar la escalada del IPC, para que esta no dispare una multimillonaria subida de pensiones que dejará tiritando las cuentas públicas o abocando al PSOE a volver a pedir sacrificios… a nueve millones de votantes.
Sánchez se ufanaba con la respuesta tan diferente a la crisis pandémica respecto a la de 2010 y de pronto las cosas han empezado a parecerse a hace 40 años.
Al otro lado de la calle, el PP y su nuevo líder no dejan de pedir una bajada de impuestos ante el exceso de recaudación que produce la inflación, especialmente en el IVA. Sánchez le prometió a Feijóo «rebajas impositivas a sectores afectados» en La Palma y este cree que es una buena palanca para hacer oposición, aunque sea populista. Los principales economistas –BBVA Research lo acaba de decir– no le ven sentido a una propuesta sin detalles, y que se ha planteado ambiguamente: a veces parece referirse a una bajada del IVA y otras a la deflactación del IRPF. Si es transitoria y con fines de estabilización no tiene sentido hacerla cuando la economía crece y los precios están recalentados. Si es permanente, obliga a explicar qué parte del gasto público se va a limitar.
Aquí llegamos a la piedra de toque de la que nadie, ni el Gobierno ni la oposición, quiere hablar: la necesidad imperiosa de contener el gasto público, disparado desde la pandemia. Lo que no tiene sentido es añadir más gasto, vía subsidios generalizados, o restar ingresos bajando impuestos a cambio de un mayor déficit público cuando la tarea pendiente es una consolidación fiscal que debe hacerse cargo de un déficit estructural que ronda el 5%. Ambas propuestas lo único que hacen es anticipar la hora de la verdad que llegará cuando el Banco Central Europeo («el repunte de la inflación es puntual») tenga que subir tipos. Entonces se verá si España es viable así, sin medidas de ajuste. De momento, conviene mirar la gráfica de los intereses que pagamos por la deuda pública: tocaron un mínimo en 2020 y ya han empezado a subir. En 2021 se añadieron 800 millones más y las condiciones de financiación en el mercado siguen endureciéndose.
Si algo nos debió enseñar la crisis energética de 1973 fue que los choques de oferta hay que trasladarlos al mercado sin adulteración para que este reaccione con sus diferentes elasticidades de corto, medio y largo plazo. La anestesia que se aplicó en España en 1973 solo terminó con los Pactos de la Moncloa de 1977 y únicamente sirvió para aplazar la salida de la crisis. jmuller@abc.es