Una dieta ligera para adelgazar el sector público

El Gobierno andaluz empieza a poner orden en la ‘administración paralela’ con pies de plomo. Los despidos en la etapa del PSOE salieron muy caros en los tribunales

La reforma de la denominada ‘administración paralela’ de la Junta constituye un enorme desafío para los socios del Gobierno andaluz, que han dedicado dos años y medio a hacer una diagnóstico sobre la eficiencia de 54 entes autonómicos antes de aplicar una dieta de adelgazamiento. La reducción a la mitad de este entramado institucional figura entre las medidas recogidas en el programa común de gobierno del PP y Ciudadanos y ha tensado la cuerda de sus relaciones con Vox, que ha apoyado tres presupuestos del Ejecutivo con la condición de avanzar en la eliminación de los que denomina «chiringuitos al servicio del PSOE».

El Gobierno andaluz se guía con pies de plomo a la hora de meter el bisturí. Pesa el recuerdo de la última e impopular reordenación acometida al amparo de la contestada ley 1/2011, bautizada por los funcionarios como «ley del enchufismo», que desgastó al Ejecutivo de José Antonio Griñán. La norma facilitó a los empleados de los consorcios y fundaciones disueltas, como la Faffe, integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como si se tratara de una sucesión empresarial, conservando sus derechos y sueldos, en muchos casos, más elevados que los de los funcionarios.

Los precedentes desaconsejan las medidas drásticas. El PSOE liquidó los 95 consorcios denominados Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) y despidió a las casi 800 personas que trabajaban en ellos. El SAE tuvo que readmitirlos e indemnizarlos años después porque ganaron los pleitos contra sus ceses en los tribunales.

Este entramado burocrático paralelo busca zafarse del doble estigma del enchufismo y la ineficiencia que ha cristalizado en el imaginario popular. Fraudes como el de los ERE, Invercaria o la extinta fundación de empleo Faffe, han proyectado dudas sobre hasta qué punto son eficaces los controles administrativos. En el epicentro de estas irregularidades está la Agencia IDEA, que va a desaparecer con su fusión en la nueva macroagencia Trade. Tres de sus antiguos directores generales en el etapa del PSOE se han visto salpicados por el caso ERE, Invercaria y el fiasco empresarial de Isofotón.

A forjar esta mala prensa que arrastra el sector público instrumental contribuyó la contratación de personas allegadas a los políticos que las crearon y desarrollaron mediante procesos selectivos opacos que, como en el caso de Faffe, están siendo investigados ahora por los jueces.

Segunda reforma

Una década después, el sector público andaluz se somete a su segunda revisión a fondo. Para llevar a cabo la reforma, el Ejecutivo regional va a recurrir a un grupo multidisciplinar de expertos que, basándose en los resultados que arrojaron las auditorías, le prestara asesoramiento jurídico sobre su impacto en el personal afectado. Al hilo de las auditorías, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, pidió a «los trabajadores de las empresas públicas estén tranquilos» porque «no tenemos intención de privatizar nada».

Además de Trade, la Consejería de la Presidencia ha iniciado el trámite para integrar tres de sus fundaciones de carácter cultural: BarenboimSaid, Tres Culturas del Mediterráneo y El Legado Andalusí. La Consejería de Salud y Familias, que dirige Jesús Aguirre, ha puesto en marcha el proceso de integración en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de las cinco agencias públicas empresariales que gestionan 21 hospitales comarcales y de alta resolución.

Entes como la agencia IDEA arrastran el estigma de los casos de corrupción en los que han estado envueltos sus gestores