La misteriosa Oficina C: los científicos que asesoran al Parlamento
▶ El consejo debuta con cuatro asuntos: hidrógeno verde, avances en cáncer, ciberseguridad e inteligencia artificial ▶ Cinco técnicos consultarán a decenas de expertos independientes para elaborar sus informes sobre cada tema
China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, anunció recientemente su objetivo de producir al año hasta 200.000 toneladas de hidrógeno verde, una energía renovable que se presenta como una de las mejores formas de descarbonizar el planeta. Además de limpia, promete ser segura y asequible. Si se cumplen las expectativas, en 2030 será más barato freír un huevo con hidrógeno que con gas natural. En España, el Gobierno ha destinado a proyectos relacionados con esta tecnología 1.555 millones de euros salidos de fondos europeos hasta 2024 y, probablemente, en el Parlamento se debatirán más decisiones al respecto. ¿Pero saben sus señorías qué es la electrólisis, el procedimiento que permite separar los componentes del agua, el hidrógeno y el oxígeno? ¿Merece la pena invertir en esta energía limpia en vez de en otras? ¿Seremos capaces de autoabastecernos? Ellos son los que tendrán que legislar al respecto, así que más vale que estén bien informados.
Con ese propósito, el de informar en base a hechos, la Mesa del Congreso aprobó en 2019 la creación de una oficina permanente de asesores científicos independientes, sin vinculación conocida con ningún grupo político. Denominada Oficina C (Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados), es fruto de un convenio con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) y pretende emular los equipos estables que son tradición en más de una veintena de países de todo el mundo. El más antiguo actualmente vigente es el POST del Parlamento británico, que lleva en marcha más de treinta años y ha servido como inspiración para la oficina española, aunque no sea exactamente igual, ya que la británica está totalmente integrada en Westminster mientras que la nuestra es de gobernanza mixta. Claro que en esto, como en otros asuntos relacionados con la ciencia, España llega tarde.
Traductores de dos mundos
«Desde los años 80 ha habido algunos intentos de crear una oficina de asesoramiento científico, pero ninguno prosperó, entre otras cosas porque no había un consenso sobre cuáles debían ser sus objetivos. Ahora esto parece más claro y coincide con que hay una mayor implicación de los investigadores en la comunicación de la ciencia y en que esta sea útil a la sociedad y, al mismo tiempo, una mejor percepción de la ciencia por parte de los ciudadanos en nuestro país», explica Eduardo Oliver, vicepresidente de la asociación Ciencia en el Parlamento, un movimiento creado hace algunos años por un grupo de científicos a partir de una web y mucha actividad ‘on-line’. En 2018 consiguieron entrar en la Cámara Baja para pasar dos días hablando con un centenar de políticos sobre cambio climático o antibióticos, entre otros doce temas elegidos en una convocatoria pública. La iniciativa tuvo éxito y abrió el camino a la oficina científica, de cuyo consejo asesor forma parte esta organización.
La Oficina C, cuyo presupuesto anual es de un máximo de 324.000 euros, se integra dentro de la red europea EPTA (European Parliamentary Technology Assessment), que cuenta con 25 miembros que asesoran a los parlamentos de sus respectivos países o regiones sobre el posible impacto social de las nuevas tendencias en ciencia y tecnología. Entre ellos, Alemania, Francia, Finlandia, Suiza y Grecia. «Era una anomalía que España no estuviera ahí, éramos de los pocos países europeos que no participábamos», afirma Oliver. Al mismo tiempo, se alegra de que el comité dependa de la Secretaría General del Congreso, ya que «nace con el objetivo de servir a todos los grupos parlamentarios».
Fue la propia Mesa del Congreso la que el pasado febrero seleccionó, entre doce propuestas, los cuatro informes en los que la Oficina C ya ha empezado a trabajar: el hidrógeno verde como combustible, los avances contra el cáncer, la ciberseguridad y la inteligencia artificial y la salud. «Son temas de interés legislativo y con suficientes evidencias científicas como para aportar información a los políticos para que puedan realizar su trabajo con todo el conocimiento en su mano», explica Oliver, también investigador del Ramón y Cajal del CSIC.
Cinco técnicos contratados por Fecyt –cuatro de evidencia científica y tecnológica y una de conexión con la comunidad científica y la sociedad– son los encargados de coordinar los trabajos. Sus nombres aún no han trascendido, pero son doctores en Química, Física o Biología. Además de consultar una extensa bibliografía sobre cada tema, «van a entrevistar a decenas de expertos para evitar posibles sesgos y elaborarán sus
informes con un lenguaje cercano, comprensible para alguien sin conocimientos científicos. Son algo así como los traductores entre dos mundos, el científico y el legislativo», compara Oliver.
Además, los textos se regirán por los principios de interés general, imparcialidad y transparencia, y carecerán de opiniones personales, sugerencias o recomendaciones, limitándose solo a datos científicos, según informan desde la misma oficina.
Si hay una pandemia
En la actualidad, los mecanismos de asesoramiento existentes en el Congreso o el Senado pasan por que, en una comisión o en una ponencia, los parlamentarios inviten a algún científico para que dé su opinión. «Y aunque se trata de un mecanismo más que debe seguir existiendo, esa opinión la pueden dar unos pocos científicos con sus sesgos personales. La ciencia es transversal y apolítica, pero el científico no. Un diputado no tiene tiempo para hablar con treinta o cuarenta expertos para al final sacar conclusiones, pero la oficina sí va a poder hacerlo», señala Oliver.
Los informes se entregarán este mismo año y se harán públicos para toda la sociedad. Por los plazos con los que se trabaja, quizás pueda resultar una estructura muy rígida. Si mañana hay una nueva pandemia, ¿qué ocurre? «En efecto, estos son informes a largo plazo para anticipar posibles problemas legislativos en el futuro. Si ocurre algo como una pandemia o la erupción de un volcán, el legislativo, como órgano de control al Gobierno, debería tener otras fuentes de información. En otros países cuentan con asesores científicos en las bibliotecas del Congreso que buscan información para los diputados. En Gran Bretaña, como su oficina es muy grande –unas 14 personas que preparan alrededor de 20 temas cada año–, fueron capaces de transformarse y adaptarse en la pandemia para una respuesta rápida. Aquí eso no existe todavía, pero estoy seguro de que dentro de unos años la Oficina C evolucionará de la misma forma», dice el investigador.