El Supremo descarta comunicar el fallo del caso ERE durante el proceso electoral
▶ El tribunal, que tiene la sentencia esbozada, celebrará en mayo una vista de los recursos
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) no hará pública su decisión sobre los ERE de Andalucía, en caso de que se produzca un adelanto electoral en esa comunidad autónoma, para no irrumpir en la campaña dado que el pronunciamiento judicial podría convertirse en el centro de la misma.
El alto tribunal celebrará el 4 y 5 de mayo a las 10.00 horas la vista pública de los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE de la Audiencia Provincial de Sevilla por la que se condenó a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por un delito continuado de prevaricación.
Pero la resolución que adopte la sala tras esa vista puede quedar congelada en el tiempo a la espera de que finalicen los comicios, siguiendo así una norma no escrita por la que el poder judicial trata de no desestabilizar con sus decisiones en periodos electorales.
En caso de que el adelanto se fije finalmente para el domingo 19 de junio, fecha más probable, la campaña arrancaría en la semana del 6 de junio. Y teniendo en cuenta los tiempos judiciales puede ocurrir que sea por esas fechas cuando se pudiera conocer la resolución de la Sala de lo Penal a los diferentes recursos.
Fuera de campaña
En cualquier caso, desde el tribunal se procurará no alterar la campaña, y la decisión de los cinco magistrados designados para analizar los recursos, Juan Ramón Berdugo, Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y Eduardo de Porres, no coincidirá en fechas con la campaña.
Es un hecho que desde hace décadas la Sala intenta no irrumpir en procesos electorales con pronunciamientos que pueden convertirse en el eje sobre el que gire el debate, haciendo sombra a las propuestas de los diferentes candidatos.
Con independencia de la vista de los recursos, el magistado ponente de la Sala de lo Penal Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, ya tiene un «proyecto de la sentencia» sobre el que decidirán los cinco magistrados que componen el tribunal. Así lo aseguraba a final de marzo tras estudiar los recursos de casación presentados por los 19 ex altos cargos condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla dentro de la llamada pieza del procedimiento específico de ayudas irregulares de la macrocausa penal de los ERE.
Ante lo avanzado del proceso cobró fuerza la posibilidad de que la resolución de los recursos de casación se conociera antes del verano, si bien la celebración de las elecciones autonómicas en junio obligaría a retrasar la comunicación del fallo a las partes.
Griñán fue condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años de cárcel por malversación de fondos públicos y prevaricación. Será, pues, el Supremo el que determinará si debe entrar en prisión por el «sistema fraudulento» de ayudas que repartió sin control casi 680 millones de euros a distintas empresas y entidades.
Además de los dos expresidentes que gobernaron Andalucía durante 23 de los 37 años de hegemonía institucional del PSOE, hay otros 17 ex altos cargos autonómicos sancionados con penas de prisión y/o inhabilitación para empleo o cargo público, entre ellos, dos de los políticos que más poder concentraron en aquella época: el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez. Tanto Chaves como Zarrías y Álvarez, se enfrentan a una condena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada.