Aragonès ensaya en Madrid un frente común independentista
El ‘president’ amaga con retirar su apoyo al Gobierno si no se investiga el presunto espionaje a los separatistas El Ejecutivo, dispuesto a explorar «todas las acciones» para recuperar la normalidad con la Generalitat
El independentismo aprieta, pero no ahoga. El presidente autonómico catalán, Pere Aragonès, explotó ayer en Madrid la mejor excusa que ha encontrado en la legislatura para tratar de aunar el frente común independentista, difuminado desde el naufragio del ‘procés’. El presunto espionaje a decenas de separatistas con el programa maligno Pegasus ha servido, por lo pronto, para que por primera vez en mucho tiempo los secesionistas dirijan unánimemente su discurso a censurar la «persecución ideológica» desde el Estado.
La victimización habitual del soberanismo retomó su pujanza con una ronda institucional de Aragonès con distintos grupos parlamentarios en el Congreso. El ‘president’, uno de los al menos 65 independentistas supuestamente espiados, se reunió primero con representantes de las formaciones agraviadas, ERC, Junts per Catalunya, PdECAT, CUP y EH Bildu. Después, mantuvo un segundo encuentro con Jaume Asens y con Pablo Echenique, de Unidas Podemos, y concluyó su agenda oficial en Madrid con declaraciones a las puertas de la Cámara Baja, ante una marabunta de redactores, fotógrafos y cámaras.
Aragonès, en catalán y en español, elevó el tono contra el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, pero dialécticamente no hubo avances respecto a los últimos días. Su comparecencia fue un baño mediático tras sendas fotografías simbólicas, pero no hubo en ella ninguna decisión trascendental. ERC, como viene haciendo ante casi todos los debates relevantes en el Congreso, deja en el aire la aprobación, la semana que viene, del real decreto ley de medidas urgentes consecuencia de la guerra en Ucrania.
«Todas las acciones»
No hay una ruptura definitiva y el Gobierno garantiza que promoverá «todas las acciones» pertinentes para normalizar las relaciones con la Generalitat de Cataluña. No obstante, Aragonès, presionado también por la beligerancia de Junts, su socio en el Govern autonómico catalán, incrementó ayer algo su gravedad discursiva. «El solo paso del tiempo no va a ser la fórmula que el presidente del Gobierno pueda tomar para este asunto», advirtió el ‘president’, quien reclamó la asunción de responsabilidades.
Aragonès, sin que terminase de quedar claro si son condiciones ‘sine qua non’, sí que enumeró tres pasos que deberá dar el Gobierno si quiere garantizarse el respaldo de ERC en el Congreso en el año y medio que, en principio, resta de legislatura. Primero, exigió una investigación interna en el seno del Ejecutivo con supervisión externa; segundo, pidió que se constituya la comisión de investigación que anteayer registraron en la Cámara Baja una decena de partidos; y tercero, demandó que «el peor escándalo de espionaje de la democracia» tenga un coste político para sus responsables.
Según la investigación del Citizen Lab, laboratorio de la Universidad de Toronto (Canadá), 65 políticos, activistas, abogados y periodistas independentistas fueron espiados mediante la intervención de sus teléfonos móviles entre 2017 y 2020 con el programa Pegasus. Este ‘malware’ solo se vende a gobiernos, por lo que el separatismo señala al Estado y exhorta medidas.
«En una legislatura hay un mínimo de confianza que se debe preservar. En estos momentos esa confianza es cero. Y es cero porque si has sido espiado, no puede haber una relación de confianza. Por tanto, es imprescindible que se restaure el juego limpio y que se garantice que el espionaje no forma parte de la forma de hacer política en España. Si esta mínima confianza no se puede restablecer, es inviable que pueda continuar cualquier colaboración política», dijo Aragonès.
Por lo pronto, esa comisión de investigación que reclaman Unidas Podemos, nacionalistas e independentistas no parece tener visos de prosperar. Ni el PSOE está por la labor de aceptarla ni tampoco los partidos de la derecha, por lo que la amenaza de Aragonès, de cumplirse, podría hacer tambalearse la legislatura. Fuentes parlamentarias, sin embargo, avisaban ayer de que incluso dudan que la Mesa del Congreso pueda calificar esa comisión de investigación, porque propone tratar temas clasificados como secretos que solo podrían abordarse en la conocida como comisión de secretos oficiales, que lleva más de tres años sin reunirse y que ni siquiera se ha constituido en esta legislatura.
Secretos oficiales
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se abrió a dar explicaciones en el seno de esa comisión y ayer la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, justificó que no se haya conformado por la falta de acuerdo de los grupos –PP, Vox y Ciudadanos se niegan a dar entrada en ella a diputados de ERC o de Bildu–. Ayer, la portavoz del Gobierno, la ministra Isabel Rodríguez, insistió, en declaraciones a TVE recogidas por Ep, en que existen vías para compartir información clasificada sin poner en riesgo la seguridad nacional.
Este discurso no contenta en abso
luto al independentismo, que ve exclusivamente una motivación ideológica en las escuchas realizadas a sus dirigentes. Ayer, las heridas abiertas en el separatismo por sus discrepancias para afrontar la etapa posterior al ‘procés’ parecían menores.
Sigue habiendo matices en el tono y en las formas, entre los partidos que están dispuestos a perdonar si convencen las explicaciones, como ERC y PDeCAT –también Bildu–, y los más rupturistas, como Junts y la CUP. Pero ayer todos coincidieron en denunciar la «gravísima» información trascendida esta semana y en advertir al Gobierno de que las cosas no pueden seguir «como si nada».
Junts: más allá de 2020
«Si hay una autorización judicial [para la intervención de los móviles de independentistas], debe aparecer; si no, el responsable es el Gobierno y el Estado», dijo Ferran Bel, diputado del PDECat. Míriam Nogueras, de Junts, mantuvo su dureza característica e incluso sembró la duda sobre si el espionaje pudo seguir más allá del año 2020. «Hace un año [en 2021], recibí una llamada de una voz amiga que me decía: “Tu móvil está corrompido”».
Nogueras, muy próxima al prófugo Carles Puigdemont, dijo que «no hay confianza» en el Gobierno «supuestamente progresista» y aseveró que si no actúa, será «cómplice» de la invasión de la privacidad de la «disidencia política». Desde la CUP intervinieron Mireia Vehí y Albert Botran, quienes afirmaron que España se está situando a la altura de países como Hungría y Polonia, y señalaron directamente a Sánchez porque, «con la ley en la mano», los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) descansan sobre su escritorio.
Podemos señala al PP
Tras el desfile de independentistas por la sala de prensa del Congreso, fue el turno de Asens y de Echenique, en el patio de la Cámara Baja. «Acabamos de tener la reunión y salimos más preocupados aún que antes», admitió Echenique, quien concedió dos posibilidades: que la actuación fuese ilegal –sin autorización judicial–, en cuyo caso, insistió, deben «rodar cabezas»; o que la intervención fuese legal, escenario en el que se debería pedir «perdón» y «garantizar» que no se repetirán estos métodos en el futuro.
Asens, según desveló ante los medios, instó a Aragonès a no romper las relaciones con el Gobierno porque eso sería, apuntó, lo que querrían «las cloacas del Estado». En ese sentido, la ministra Rodríguez abogó por no «echar atrás todo lo andado» en el diálogo con la Generalitat. Pero Asens no se quedó ahí, sino que despejó las responsabilidades a la etapa de los populares al frente del Ministerio del Interior, cuando se «compró» el programa Pegasus, e interpeló al PSOE: «Nos tenemos que comprometer a acabar con la herencia del PP».