Sin zonas de sombra
La democracia saldrá fortalecida si se esclarece la verdad, por muy incómoda que sea para el Gobierno
UN grupo de expertos de la Universidad de Toronto ha revelado en un informe que 63 dirigentes independentistas catalanes fueron espiados mediante el sistema Pegasus, desarrollado por una empresa israelí, que sólo se vende a gobiernos afines para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Nadie ha desmentido la denuncia, aunque el Ejecutivo ha negado cualquier participación en esos hechos. Ni ordenó ese espionaje ni lo conocía, según su portavoz. Pere Aragonès, sin embargo, ha insistido en que todo apunta a que el CNI fue el responsable de ese acecho, dado que está acreditado que posee el Pegasus, que compró hace unos años.
Pese a que el independentismo ha demostrado un absoluto desprecio a la legalidad y ha desobedecido sistemáticamente las sentencias de los tribunales, Aragonès tiene razón al solicitar que haya una investigación independiente sobre este asunto. Ello no supone dar por sentado que el Estado estuvo implicado en ese espionaje. Eso habrá que demostrarlo, al igual que habría que determinar si esas hipotéticas actuaciones se produjeron bajo la cobertura de una autorización judicial.
Como vivimos en una democracia que ampara los derechos individuales, garantiza la intimidad y persigue la comisión de los delitos, la Justicia debería investigar si ha existido una desviación de poder del Gobierno o de sus apéndices. Y ello porque no pueden existir zonas de sombra ni de impunidad en el ejercicio de la política, que siempre debe estar sometida a controles de legalidad.
La ministra de Defensa ha recordado que las actuaciones del CNI se hallan protegidas por el secreto. Eso es lo que indica la ley, pero ello no justificaría que esa prerrogativa sirviera para ocultar la comisión de delitos. Esto no lo digo yo, lo dijo la Sala Tercera del Tribunal Supremo cuando ordenó la desclasificación de los papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA en 1997. No comparto la tesis de quienes argumentan que ese espionaje estaría justificado porque los independentistas eran y son una amenaza para las instituciones y la estabilidad de la nación. Aunque así fuera, el Estado tiene que respetar las leyes y no puede buscar atajos para combatir a sus enemigos. Eso sería ponerse al mismo nivel que los Mas, Puigdemont, Torra y los líderes que instigaron a una rebelión, incluso violenta, contra el orden constitucional.
La democracia saldrá fortalecida si se esclarece la verdad, por muy incómoda que sea para el Gobierno. Incluso sería preferible que la legislatura tuviera un abrupto final a ocultar lo sucedido y eludir responsabilidades. Y ello, insisto, sin presuponer que la denuncia de Aragonès tiene fundamento.
El Estado sólo puede actuar en el marco estricto de la legalidad. Otra forma de hacer las cosas le convertiría en un bandido.