La investigación por un contrato que afecta al hermano de Ayuso detonó la denuncia

En la Fiscalía Anticorrupción siempre se ha dicho que su labor no es realizar «una auditoría» de los contratos de las administraciones públicas, sino perseguir indicios delictivos. Ahora, sin embargo, tienen una docena sobre la mesa que analizarán en siete diligencias separadas. Y eso, sin contar las que ya seguían por compras de material sanitario en lugares como el País Vasco, o las comisiones y posible estafa en tres ventas al Ayuntamiento de Madrid. Por el camino, se han abierto y cerrado otras al no apreciar delito.

La peculiaridad es que, en este caso, el detonante de las siete investigaciones está en la iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que decidió responder con la misma moneda a los grupos de la izquierda en la Asamblea de Madrid que pusieron en manos de los fiscales una compra de mascarillas por importe de millón y medio de euros que aprobó su Gobierno. La adjudicación recayó, por vía de emergencia; es decir, sin concurso ni publicidad, a Priviet Sportive en abril de 2020. La empresa no se dedica a la venta de material sanitario y su administrador es amigo de la infancia de Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás. Él, además, facturó algo más de 55.000 euros a la compañía tras la adjudicación, según explicó la propia presidenta regional, por intermediar con China para que las mascarillas llegasen.

Antes del verano

Ese asunto sigue bajo investigación en la Fiscalía y con extrema discreción. Consta ya que ha declarado como testigo el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero; como también es un hecho que si no lo ha hecho ya, Anticorrupción acabará preguntando al hermano de Díaz Ayuso, pues es la práctica habitual cuando se siguen este tipo de diligencias. Lo que sí explican en fuentes fiscales es que este asunto está muy avanzado y lo previsible es que antes del verano la investigación haya terminado, ya sea para archivarla por falta de delito, ya sea para interponer denuncia o querella.

Mientras tanto, se abren otras siete de las que dos, como en las de Ayuso, pueden afectar a parientes del presidente del Gobierno y la ministra Nadia Calviño. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que investiga el asunto del hermano de Díaz Ayuso, ha aplicado el mismo criterio en estos casos. Será él quien lleve las dos diligencias.