El Gobierno reabre la guerra del agua al reducir el Tajo-Segura
Los regantes litigarán porque los planes de las dos cuencas están «descoordinados»
El Gobierno reabrió ayer la guerra del agua tras confirmarse recortes que mermarán en torno a un 40% los trasvases del Tajo al Segura, con la subida de los caudales ecológicos en el plan de cuenca cedente, lo que ha rebelado a los agricultores afectados de Murcia, Alicante y Almería, que ya anunciaron movilizaciones y acciones judiciales para frenarlo.
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, valoró como «burla al sentido común» el documento con la planificación hidrológica del Tajo conocido ayer, que está «descoordinado» con la del Segura, por lo que auguró una «chapuza» con artimañas para su aprobación definitiva en el Consejo de Estado.
Por eso, pidió el cese «inmediato» de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, por considerarla «una incompetente ideológica».
En una rueda de prensa junto a miembros de su equipo directivo, Jiménez alertó de que este plan está hecho «a medida» para «acabar» con el trasvase Tajo-Segura «única y exclusivamente», y afectará «al medio ambiente, a las personas, a los hogares, a los negocios y a los regadíos del Levante». Esta intencionalidad la ve en que el Tajo es el único río de España en el que se aumentan los caudales ecológicos. Además, ha concretado que se incrementan en el tramo que «mejor está», en zonas de Talavera de la Reina (Toledo) y Aranjuez (Madrid), mientras que se rebajan esos caudales en un tramo del Jarama, «posiblemente el más contaminado del país», así como en otro a la salida de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en este caso «para satisfacer las demandas de recreo turístico».
«Sánchez ya lo prometió»
«No se puede negar de ningún modo que el Gobierno socialista no cumpla con sus promesas: hace cuatro años, exactamente el día 20 de abril, el presidente de esta nación prometió en un mitin en Albacete, cuando era candidato, poner fin a los trasvases y, visto lo visto, hablaba solo de uno, el del Tajo-Segura», recordó Jiménez.
Cuatro años después, estos planes se han concretado con «un objetivo única y exclusivamente», que es «acabar» con el acueducto. En palabras del dirigente de Scrats, se trata de una cuestión «meramente ideológica» porque el sindicato ya demostró «con técnica» que «no era necesario».
Y para reforzar esta tesis, Jiménez señaló que el presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano García-Page, «es el ganador» de la «batalla» de la planificación hidrológica de Transición Ecológica, «quizás por gritar más que el resto en esa contienda política». No obstante, avisó también de que a Castilla-La
Mancha esto «no le ha beneficiado en nada», y hace «un flaco favor que roza el ridículo estruendoso» a los dirigentes del PSOE de Murcia, Alicante y Almería. También ayer, tras conocer ese aumento de hasta 8,3 metros cúbicos por segundo el caudal ecológico en el Tajo, la Generalitat Valenciana –gobernada por el socialista Ximo Puig– anunció que recurrirá estos cambios que perjudican al sector agrario en su región.
«La herramienta que tenemos para confrontar con el Plan del Tajo, que se va a aprobar con toda seguridad de forma unánime el 3 de mayo, se llama Plan Hidrológico del Segura», según el presidente de los regantes, un documento que confronta de manera inédita con el del Tajo, algo que tildó de «rocambolesco» porque «por primera vez» en la historia dos planes «no están coordinados». Ante esta discordancia, Scrats defenderá jurídicamente, «con uñas y dientes», el trasvase porque entienden que en el Ministerio «han ido dejando lagunas propias de la prepotencia con la que han actuado». A su juicio, «el Ministerio ha tenido la santa chulería de avisar de que va a provocar unos daños a unas poblaciones; es decir, ha amenazado con el golpe y lo ha perpetrado», contra «las posibilidades de futuro» de la cuenca hidrográfica más deficitaria de Europa.
El scrats convocará una asamblea general para establecer un calendario de protestas porque no tiran la toalla en esta lucha, ya que existe «una prueba evidente de que se va a producir un daño patrimonial anual» a las tres provincias, que cifra en unos 130 millones de euros, a los que suma la pérdida de más de 8.000 empleos directos.
La Generalitat Valenciana, gobernada por el socialista Ximo Puig, también recurrirá contra la decisión del Gobierno