Los Mossos se interesaron por Pegasus y lo descartaron por caro
► Sàmper desvela que el programa espía superaba los seis millones de euros
Convulsión por el espionaje con Pegasus
El que fuera consejero de Interior de la Generalitat durante el mandato de Quim Torra, Miquel Sàmper, confirmó ayer que los Mossos d’Esquadra se interesaron por la adquisición del programa Pegasus aunque descartaron su compra por falta de «presupuesto».
Después de que los independentistas hayan redoblado su presión sobre el Gobierno por el espionaje a unos 60 líderes del mismo signo, exigiendo incluso la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, Sàmper desveló en la Cadena Ser que la compra de este ‘software’ de la empresa israelí NSO «no estuvo sobre la mesa» porque su precio era «desmesurado e inabordable». Así, dijo no recordar la cifra, pero sí que ésta superaba los seis millones de euros.
«Fue un tema que, en todas las reuniones de inteligencia, que fueron muchas, pasó de refilón porque no veíamos que fuera posible, y un cambio de presupuesto a mitad de la legislatura por una cuestión como ésta no tenía sentido con las necesidades que tiene la sociedad», trató de atajar el extitular de Interior de la Generalitat.
Para el político de Junts la clave no es «tener o no Pegasus» sino la utilización que se haga de dicho sistema espía. «Si tenemos muy claro que éste o cualquier otro programa informático de estas características se utiliza para el crimen organizado o para el terrorismo, siempre con la autorización judicial correspondiente, no tendría que haber problema», señaló.
Además, el exjefe político de los Mossos reprochó la falta de justificación para emplear Pegasus en el caso de los disturbios del 1-O. Y es que según informó ‘El Confidencial’, con este sistema también se habría espiado a 18 líderes de la plataforma ‘Tsunami Democràtic’, que organizó las protestas tras la condena del Tribunal Supremo a los líderes soberanistas.
Entre otras, el bloqueo del aeropuerto de El Prat y altercados callejeros en el centro de Barcelona en plena precampaña de los comicios generales del 10-N. «Aparte de unos daños materiales muy importantes, hubo algunos lesionados y ningún muerto. Fue el caso de una manifestación llevada a la máxima expresión», trató de justificar Sàmper.
Agencia de seguridad
La Generalitat ya intentó hacerse con un programa similar a Pegasus pero menos sofisticado –por la época y el nivel de acceso de un gobierno regional a este tipo de ‘software’–, como fue Cerberus. Ocurrió poco antes de 2014 cuando el nacionalismo catalán empezó a poner las bases de lo que cristalizaría, finalmente, en lo que se conoce como el ‘procés’. Entonces, se habló de que se ponían los cimientos del ‘CNI catalán’.
Fue en época de Artur Mas como presidente de la Generalitat, cuando se filtró un informe del Govern que ponía sobre la mesa la necesidad de crear una agencia de seguridad al estilo del CNI, la CIA (Estados Unidos) o el MI5 (Reino Unido). Su creación a pleno rendimiento solo podría tener sentido en una Cataluña independiente, se reconoció, pero ya se podían poner los cimientos. Y se intentó obtener el programa Cerberus.
Seguimientos
En 2014, el entonces consejero de empresa del Govern, Felip Puig, admitió la elaboración de 50 informes sobre activistas por parte del apodado como ‘CNI catalán’, el Cesicat. Aunque en un inicio el Govern negó la veracidad de las informaciones que apuntaban a dichos seguimientos, finalmente acabó relatando que la policía autonómica sí encargó dichos seguimientos a través de internet.
No fue así cuatro años más tarde, cuando Junts, ERC y la CUP tumbaron una propuesta de resolución para crear una comisión en el Parlament para investigar el presunto espionaje de los Mossos a políticos y periodistas.
Una comisión que solicitaron el resto de grupos después de que la Policía Nacional interviniese documentos al Cuerpo catalán cuando éstos acudieron a destruirlos a la incineradora de San Adrián de Besós (Barcelona), el 26 de octubre de 2018. Es decir, un día antes de la declaración unilateral de independencia (DUI) en la Cámara catalana, previa a la fuga del entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros miembros del Govern al extranjero.
Dicha documentación aportaba indicios de presuntos seguimientos e intervenciones telefónicas a personalidades contrarias al separatismo. La causa se archivó, finalmente.